INFORME LEC: 5-DERECHO DE CRÉDITO DE LOS HEREDEROS DE LOS ABOGADOS

Avogados_Novos
16 Febreiro, 2016

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    A colación con mi anterior artículo, vienen de la mano las modificaciones sobre los honorarios de abogados; la modificación del artículo 35.1 de la LEC faculta a los herederos de los abogados, la reclamación, frente a la parte a la que defiendan, del pago de los honorarios que hubieren devengado en el asunto, presentando minuta detallada y manifestando formalmente que esos honorarios le son debidos y no han sido satisfechos.

        La Ley 42/2015, de 5 de Octubre que reforma el artículo 35 de la LEC el cual dice que:

  1. Los abogados podrán reclamar frente a la parte a la que defiendan el pago de los honorarios que hubieren devengado en el asunto, presentando minuta detallada y manifestando formalmente que esos honorarios les son debidos y no han sido satisfechos. Igual derecho que los abogados tendrán sus herederos respecto a los créditos de esta naturaleza que aquéllos les dejaren. No será preceptiva la intervención de abogado ni procurador.

 

   La legitimación activa de la jura de cuentas en lo concerniente a los honorarios del abogado con la nueva redacción del artículo 35. 1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil corresponde al letrado y a sus herederos.

   Hasta la aprobación de esta modificación el artículo 34.1 de la LEC reconocía una legitimación sui generis a los sucesores del procurador. Pero por extensión y analogía de la norma se ha incorporado este precepto a los herederos de los abogados, ya que era completamente descabellado que tan solo los herederos de los procuradores ostentasen acción para reclamar las cuentas debidas.

    Gracias a esta modificación, los herederos de abogado podrán intervenir con “igual derecho” que el causante, lo que permitirá a todo sucesor presentar por sí mismo el escrito, no siendo preceptiva la intervención de abogado ni de procurador, e iniciar el procedimiento.

BERTA RAMÓN PERUJO

INFORME LEC: 4- Cláusulas abusivas y su control de oficio por los tribunales

Avogados_Novos
11 Novembro, 2015

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Las reformas operadas por la Ley 42/2015, en el proceso monitorio se dirigen principalmente1:

1º) A adaptar el proceso monitorio a las modificaciones operadas por esta misma Ley en el juicio verbal (arts. 815.1 y 818.2 LEC).

  El apartado 1º del art. 815 de la LEC, permitía que el demandado compareciera ante el juez y alegase “sucintamente” lo que estimase oportuno en defensa de sus derechos, no obstante, ahora pasa a exigirse que estas alegaciones se hagan “de forma fundada y motivada”.

  Parece que esta modificación encuentra su razón de ser en que al establecerse la contestación escrita en el juicio verbal, en caso de que el monitorio derive en este tipo de proceso por razón de la cuantía, ya se tenga por realizado este trámite2. Así parece confirmarlo, de hecho, la nueva redacción que da al apartado 2 del artículo 818 de la LEC, que en el supuesto referido ordena que se de “traslado de la oposición al actor, quien podrá impugnarla por escrito en el plazo de diez días”. Se añade también, en coherencia con las modificaciones realizadas en el juicio verbal, que “las partes, en sus respectivos escritos de oposición y de impugnación de ésta, podrán solicitar la celebración de vista, siguiendo los trámites previstos en los artículos 438 y siguientes”.

   Dicho esto, cabe apuntar que la exigencia de que la oposición sea fundada y motivada, no bastando con una declaración sucinta, no tiene mucha razón de ser cuando se trata de deudas que exceden la cuantía de un verbal. En estos casos, como es sobradamente sabido, si el deudor se opone en el proceso monitorio, el demandante deberá sustanciar la oportuna demanda a través del declarativo ordinario siguiendo los trámites previstos en los artículos 404 y ss. De la LEC (que hacen referencia al traslado de la demanda al demandado emplazándole a que conteste en los 20 días siguientes).

  Además, para terminar con esta cuestión, puede plantearse el siguiente interrogante y es qué sucede cuando la oposición no resulte lo suficientemente fundada y motivada. Parece que, en último término, quien pagará las consecuencias de este “incumplimiento” será el propio deudor, pues perderá la oportunidad de fundamentar su contestación oralmente en el acto de la vista (en caso de que el proceso continúe por la vía del verbal).

  Ya por último, conviene apuntar que, a pesar de que no se refiera expresamente en la norma, debe entenderse que esta redacción del apartado 2 del artículo 818, estará vigente para todos aquellos procesos que se incoen tras su entrada en vigor.

2º) A adaptar la legislación procesal española a la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 14 de junio de 2012.

  En esta resolución se establecía que no es conforme a la legislación comunitaria sobre cláusulas abusivas una normativa interna que en un proceso determinado (como es el monitorio) no permita al juez nacional examinar de oficio la existencia de cláusulas abusivas en ninguna fase del procedimiento. En coherencia con este pronunciamiento del Tribunal comunitario, se introduce ahora en la regulación del proceso monitorio un trámite previo al requerimiento por el Secretario que consiste en poner a disposición del juez la demanda presentada para que pueda examinar de oficio si se funda en cláusulas que pueden ser consideradas abusivas.

  La regulación de este nuevo trámite se desarrolla mediante la introducción de un nuevo apartado (el 4º) en el artículo 815 de la LEC y que se pasa a estudiar a continuación.

  Hay que partir de un hecho esencial y es que debe tratarse de una deuda que se reclama por un profesional o empresario a un consumidor, por lo que quedan excluidas todas las reclamaciones entre empresarios o entre particulares, lo que resulta perfectamente coherente con la regulación sobre cláusulas abusivas que se circunscribe en todo caso a este tipo de relaciones empresario-consumidor.

 Una vez comprobado este requisito, y siempre con carácter previo al requerimiento, el secretario dará traslado al juez para que examine de oficio la existencia de cláusulas abusivas que sirvan de fundamento a la deuda que se reclama (ya sea a su existencia misma como a su cuantía).

  En el supuesto de que haya motivos fundados para estimar la existencia de este tipo de cláusulas, se dará audiencia a las partes para que se pronuncien sobre esta cuestión en el plazo de 5 días. La ley advierte que “para dicho trámite no será preceptiva la intervención de abogado ni de procurador”. Finalmente, si el juez estima la existencia de cláusulas abusivas, determinará las consecuencias de tal declaración en el propio auto que se dicte (“bien la improcedencia de la pretensión, bien la continuación del procedimiento sin aplicación de las consideradas abusivas”). En caso contrario, se seguirá la tramitación habitual en este tipo de procesos (esto es, se requerirá al deudor “en los términos previstos en el apartado 1”). Termina diciendo la Ley que “el auto que se dicte será directamente apelable en todo caso”

   Hecha esta exposición, surgen diversas cuestiones: así, en primer término, cabe subrayar que el control por el juez parece que debe limitarse a las cláusulas que sirven de sustento a la deuda y no a otras que pudieran encontrarse en el contrato celebrado entre el empresario y el consumidor. No obstante, a mi parecer, la interpretación de este extremo debe hacerse de forma amplia, en el sentido de que el juez podrá entrar a examinar cualesquiera cláusulas que, por su carácter abusivo, pudieran afectar de alguna manera a la relación existente.

     En cuanto al trámite de audiencia y la no exigencia de abogado ni procurador, a pesar de que la complejidad de la materia aconsejaría el asesoramiento de un letrado, desde mi punto de vista están latentes aquí las consideraciones realizadas por el TJUE en la Sentencia de 12 de junio de 2012 (ya citada) y en la que señalaba que “habida cuenta de la configuración general, desarrollo y peculiaridades del proceso monitorio, tal como se han descrito en los apartados 50 a 52 de la presente sentencia, existe un riesgo no desdeñable de que los consumidores afectados no formulen la oposición requerida, ya sea debido al plazo particularmente breve previsto para ello, ya sea porque los costes que implica la acción judicial en relación con la cuantía de la deuda litigiosa puedan disuadirlos de defenderse, ya sea porque ignoran sus derechos o no perciben cabalmente la amplitud de los mismos, o ya sea debido, por último, al contenido limitado de la demanda presentada por los profesionales en el proceso monitorio y, por ende, al carácter incompleto de la información de que disponen” (cfr. Cdo. 54 d ela Sentencia referida). Es decir, lo que se persigue es que el consumidor no deje de alegar lo que estime conveniente por razón, fundamentalmente, de los costes que pueda ocasionarle el proceso.

    Precisamente, al hilo de la referencia a la información tan sesgada del contrato y su contenido que va a suceder en gran parte de los procesos monitorios, al bastar con aportar los documentos acreditativos de la deuda, siendo suficientes facturas o cualesquiera otros emitidos incluso de forma unilateral por el acreedor, es preciso plantear si las facultades del juez para llevar a cabo esa tarea “inquisitiva” que se le impone legalmente se extienden a ordenar, también de oficio, las pruebas pertinentes para pronunciarse sobre el carácter abusivo de las cláusulas del contrato. Parece que el principio dispositivo que rige en nuestro ordenamiento procesal civil llevaría a responder negativamente a esta cuestión, no obstante, hay autores que sostienen lo contrario con fundamento, precisamente, en la jurisprudencia comunitaria3.

    Cabe preguntarse también si este examen por el juez excluye en todo caso que se alegue posteriormente por las partes la existencia de cláusulas abusivas que fundan la deuda reclamada. La respuesta, en mi opinión, no ofrece duda alguna ya que debe ser negativa en todo caso. Siguiendo la senda marcada en el párrafo anterior, hay que recordar que los elementos de que va a disponer el juzgador de instancia no van a ser generalmente suficientes para acertar a declarar el carácter abusivo de una o varias cláusulas en que se funde la deuda objeto de reclamación. Es por ello que en el escrito de oposición el deudor podrá plantear nuevamente esta cuestión (otra cosa es el trámite que deba darse a esta oposición cuando la cuantía no exceda de la del verbal pero por la materia corresponda su tramitación por el juicio ordinario).

    Es más, en relación con esta afirmación, hay que llamar la atención sobre una advertencia que se contiene en la Exposición de Motivos de esta Ley (en el expositivo V), cuando advierte que el auto que dicte el juez en el proceso monitorio pronunciándose sobre la existencia o no de las cláusulas abusivas no produce efectos de cosa juzgada. Por tanto, esto significa que aun cuando el juez estime que no existen cláusulas abusivas, no sólo se podrá volver a plantear por el deudor esta cuestión en su escrito de oposición sino que, aun cuando el deudor no compareciese y derivase el proceso en una ejecución forzosa, el ejecutado podría volver a plantear esta cuestión en sede ejecutiva o, incluso, en un nuevo proceso declarativo como demandante.

    Para terminar con el análisis de este apartado, debe hacerse referencia al régimen transitorio que se prevé para estas modificaciones; así, hay que acudir a la Disposición transitoria segunda. En su número 1º señala algo evidente y es que “las modificaciones del artículo 815 y del apartado 1 del 552, último párrafo, serán de aplicación a los procesos monitorios y de ejecución que se inicien tras la entrada en vigor de esta Ley”. Ahora bien, en cuanto a los “procedimientos monitorios que se encuentren en tramitación a la entrada en vigor de esta Ley serán suspendidos por el secretario judicial cuando la petición inicial se fundamente en un contrato entre un empresario o profesional y un consumidor o usuario. En este caso, dará inmediatamente cuenta al juez quien, si apreciase que alguna de las cláusulas que constituye el fundamento de la petición o que hubiese determinado la cantidad exigible puede ser calificada como abusiva, dará audiencia por cinco días a las partes y resolverá lo procedente mediante auto dentro de los cinco días siguientes. Si el juez no estimase la existencia de cláusulas abusivas, lo declarará así, procediendo el secretario judicial a alzar la suspensión acordada y a ordenar la continuación del procedimiento”. Por lo tanto, la suspensión del proceso se acordará con independencia del momento en que se encuentre siempre y cuando no se hubiera notificado a las partes el decreto “dando por terminado el proceso monitorio” (art. 818.2 de la LEC).

VICTORIA PICATOSTE BOBILLO

[———————————————-notas a pie de página——————————————-]

1 Aparte de las que se analizan en este comentario, también se introduce una breve modificación en el apartado 1 del artículo 816, “que queda redactado del siguiente modo:

«1. Si el deudor no atendiere el requerimiento de pago o no compareciere, el secretario judicial dictará decreto dando por terminado el proceso monitorio y dará traslado al acreedor para que inste el despacho de ejecución, bastando para ello con la mera solicitud, sin necesidad de que transcurra el plazo de veinte días previsto en el artículo 548 de esta Ley (la negrita es mía).»”

2 Sucede lo mismo en relación con el proceso cambiario, modificándose el artículo 826 de la LEC, “que queda redactado del siguiente modo:

«Artículo 826. Sustanciación de la oposición cambiaria.

Presentado por el deudor escrito de oposición, el secretario judicial dará traslado de él al acreedor para que lo impugne por escrito en el plazo de diez días. Las partes, en sus respectivos escritos de oposición y de impugnación de ésta, podrán solicitar la celebración de vista, siguiendo los trámites previstos en los artículos 438 y siguientes para el juicio verbal.

Si no se solicitara la vista o si el tribunal no considerase procedente su celebración, se resolverá sin más trámites la oposición. .

Cuando se acuerde la celebración de vista, si no compareciere el deudor, el tribunal le tendrá por desistido de la oposición y adoptará las resoluciones previstas en el artículo anterior. Si no compareciere el acreedor, el tribunal resolverá sin oírle sobre la oposición.»”.

3 Cfr. Gómez de Liaño Fonseca-Herrero, M., “El control de oficio de las cláusulas abusivas. El juez nacional como garante de la protección del consumidor”, en la Revista de Derecho de la Unión Europea. Madrid ISSN 1695-1085. nº 26 – enero-junio 2014,págs. 313-328 (puede consultarse en este enlace: http://revistas.uned.es/index.php/REDUE/article/download/12619/11820). Tambiñen sobre las dificultades de conciliar este mandato del TJUE con los principios procesales civiles, cfr. Carballo Hidalgo, M., “El control de oficio de la nulidad de las cláusulas de sumisión expresa en la contratación con consumidores”, en: http://www.codigo-civil.info/nulidad/lodel/document.php?id=276.

INFORME LEC: 3- Modificaciones en la intervención provocada y acumulación de procesos

Avogados_Novos
10 Novembro, 2015

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    La reforma operada en la L.E.C., en vigor desde el 7 de Octubre de 2.015, introduce modificaciones en la regulación del juicio verbal, en las que se destaca la introducción de la contestación escrita, la cual deberá presentarse en el plazo de diez días.

       En relación directa a ello, se insertan las consecuentes modificaciones en los artículos en los que se hace mención del procedimiento verbal, siendo ésta la única causa del cambio de su redacción.

        En dicho sentido se modifica el artículo 14 de la L.E.C., dispuesto para aquellos casos en los que la intervención de un tercero viene provocada por su llamada al proceso por la parte demandante o por la parte demandada. Regulado en el Capítulo II, Título I, Libro I, y bajo la rúbrica “De la pluralidad de partes”,  que contempla diversas instituciones (litisconsorcio, intervención voluntaria, INTERVENCIÓN PROVOCADA y supuestos especiales de intervención en procesos de consumidores y usuarios) relativas a la participación sobrevenida de varias partes en el proceso.

Desde el 04/05/2010 hasta 06/10/2015

Artículo 14 Intervención provocada

1. En caso de que la ley permita que el demandante llame a un tercero para que intervenga en el proceso sin la cualidad de demandado, la solicitud de intervención deberá realizarse en la demanda, salvo que la ley disponga expresamente otra cosa. Admitida por el tribunal la entrada en el proceso del tercero, éste dispondrá de las mismas facultades de actuación que la ley concede a las partes.

Véase artículo 1834 Código Civil.

2. Cuando la ley permita al demandado llamar a un tercero para que intervenga en el proceso, se procederá conforme a las siguientes reglas:

1.ª El demandado solicitará del Tribunal que sea notificada al tercero la pendencia del juicio. La solicitud deberá presentarse dentro del plazo otorgado para contestar a la demanda o, cuando se trate de juicio verbal, al menos cinco días antes de la vista.

2.ª El Secretario judicial ordenará la interrupción del plazo para contestar a la demanda o la suspensión del acto de juicio caso de que fuera verbal y acordará oír al demandante en el plazo de diez días, resolviendo el Tribunal mediante auto lo que proceda.

3.ª El plazo concedido al demandado para contestar a la demanda se reanudará con la notificación al demandado de la desestimación de su petición o, si es estimada, con el traslado del escrito de contestación presentado por el tercero y, en todo caso, al expirar el plazo concedido a este último para contestar a la demanda. Si se tratase de un juicio verbal y el Tribunal hubiera estimado la solicitud, el Secretario judicial hará nuevo señalamiento para la vista, citando a las partes y al tercero llamado al proceso.

4.ª Si comparecido el tercero, el demandado considerase que su lugar en el proceso debe ser ocupado por aquél, se procederá conforme a lo dispuesto en el artículo 18.

5.ª Caso de que en la sentencia resultase absuelto el tercero, las costas se podrán imponer a quien solicitó su intervención con arreglo a los criterios generales del artículo 394 de esta ley.

Número 2 del artículo 14 redactado por el apartado dos del artículo decimoquinto de la Ley 13/2009, de 3 de noviembre, de reforma de la legislación procesal para la implantación de la nueva Oficina judicial («B.O.E.» 4 noviembre).

Vigencia: 4 mayo 2010

Desde el 07/10/2015

Artículo 14 Intervención provocada

1. En caso de que la ley permita que el demandante llame a un tercero para que intervenga en el proceso sin la cualidad de demandado, la solicitud de intervención deberá realizarse en la demanda, salvo que la ley disponga expresamente otra cosa. Admitida por el tribunal la entrada en el proceso del tercero, éste dispondrá de las mismas facultades de actuación que la ley concede a las partes.

Véase artículo 1834 Código Civil.

2.Cuando la ley permita al demandado llamar a un tercero para que intervenga en el proceso, se procederá conforme a las siguientes reglas:

1.ª El demandado solicitará del tribunal que sea notificada al tercero la pendencia del juicio. La solicitud deberá presentarse dentro del plazo otorgado para contestar a la demanda.

2.ª El secretario judicial ordenará la interrupción del plazo para contestar a la demanda con efectos desde el día en que se presentó la solicitud, y acordará oír al demandante en el plazo de diez días, resolviendo el tribunal mediante auto lo que proceda.

3.ª El plazo concedido al demandado para contestar a la demanda se reanudará con la notificación al demandado de la desestimación de su petición o, si es estimada, con el traslado del escrito de contestación presentado por el tercero y, en todo caso, al expirar el plazo concedido a este último para contestar a la demanda.

4.ª Si comparecido el tercero, el demandado considerase que su lugar en el proceso debe ser ocupado por aquél, se procederá conforme a lo dispuesto en el artículo 18.

5.ª Caso de que en la sentencia resultase absuelto el tercero, las costas se podrán imponer a quien solicitó su intervención con arreglo a los criterios generales del artículo 394.

Número 2 del artículo 14 redactado por el apartado uno del artículo único de la Ley 42/2015, de 5 de octubre, de reforma de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil («B.O.E.» 6 octubre).

Vigencia: 7 octubre 2015.

Ocurre lo mismo con los artículos referentes a la ACUMULACIÓN DE ACCIONES Y PROCESOS, regulados en la Sección primera del Capítulo II, del Título III de la L.E.C., cuyas modificaciones tienen como única razón la mentada modificación en el procedimiento verbal.

Desde el 04/05/2010 hasta 06/10/2015

Artículo 77 Procesos acumulables

1. Salvo lo dispuesto en el artículo 555 de esta ley sobre la acumulación de procesos de ejecución, sólo procederá la acumulación de procesos declarativos que se sustancien por los mismos trámites o cuya tramitación pueda unificarse sin pérdida de derechos procesales, siempre que concurra alguna de las causas expresadas en este capítulo.

Se entenderá que no hay pérdida de derechos procesales cuando se acuerde la acumulación de un juicio ordinario y un juicio verbal, que proseguirán por los trámites del juicio ordinario, ordenando el Tribunal en el auto por el que acuerde la acumulación, y de ser necesario, retrotraer hasta el momento de admisión de la demanda las actuaciones del juicio verbal que hubiere sido acumulado, a fin de que siga los trámites previstos para el juicio ordinario.

Número 1 del artículo 77 redactado por el apartado treinta y uno del artículo decimoquinto de la Ley 13/2009, de 3 de noviembre, de reforma de la legislación procesal para la implantación de la nueva Oficina judicial («B.O.E.» 4 noviembre).Vigencia: 4 mayo 2010

2. Cuando los procesos estuvieren pendientes ante distintos tribunales, no cabrá su acumulación si el tribunal del proceso más antiguo careciere de competencia objetiva por razón de la materia o por razón de la cuantía para conocer del proceso o procesos que se quieran acumular.

3. Tampoco procederá la acumulación cuando la competencia territorial del tribunal que conozca del proceso más moderno tenga en la Ley carácter inderogable para las partes.

4. Para que sea admisible la acumulación de procesos será preciso que éstos se encuentren en primera instancia, y que en ninguno de ellos haya finalizado el juicio a que se refiere el artículo 433 de esta Ley.

Desde el 07/10/2015

Artículo 77 Procesos acumulables

1. Salvo lo dispuesto en el artículo 555 de esta Ley sobre la acumulación de procesos de ejecución, sólo procederá la acumulación de procesos declarativos que se sustancien por los mismos trámites o cuya tramitación pueda unificarse sin pérdida de derechos procesales, siempre que concurra alguna de las causas expresadas en este capítulo.

Se entenderá que no hay pérdida de derechos procesales cuando se acuerde la acumulación de un juicio ordinario y un juicio verbal, que proseguirán por los trámites del juicio ordinario, ordenando el tribunal en el auto por el que acuerde la acumulación, y de ser necesario, retrotraer hasta el momento de contestación a la demanda las actuaciones del juicio verbal que hubiere sido acumulado, a fin de que siga los trámites previstos para el juicio ordinario.

Número 1 del artículo 77 redactado por el apartado diez del artículo único de la Ley 42/2015, de 5 de octubre, de reforma de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil («B.O.E.» 6 octubre).Vigencia: 7 octubre 2015

2. Cuando los procesos estuvieren pendientes ante distintos tribunales, no cabrá su acumulación si el tribunal del proceso más antiguo careciere de competencia objetiva por razón de la materia o por razón de la cuantía para conocer del proceso o procesos que se quieran acumular.

3. Tampoco procederá la acumulación cuando la competencia territorial del tribunal que conozca del proceso más moderno tenga en la Ley carácter inderogable para las partes.

4. Para que sea admisible la acumulación de procesos será preciso que éstos se encuentren en primera instancia, y que en ninguno de ellos haya finalizado el juicio a que se refiere el artículo 433 de esta Ley.

 Desde el 04/05/2010 hasta 06/10/2015         

Artículo 80 Acumulación de procesos en juicio verbal

1. En los juicios verbales, la acumulación de procesos que estén pendientes ante el mismo tribunal se regulará por las normas de la sección siguiente. De no haberse formulado antes, la solicitud de acumulación se hará en el acto de la vista, en forma oral.

En este caso, las demás partes que asistan al acto manifestarán, en la misma forma, lo que estimen oportuno acerca de la procedencia o no de la acumulación solicitada y se resolverá sobre ella en la misma vista.

2. Cuando la acumulación fuera promovida de oficio, el Tribunal, si no lo hubiera realizado antes conforme a lo previsto en la siguiente Sección, oirá a las partes y resolverá conforme a lo dispuesto en el párrafo que antecede.

Número 2 del artículo 80 redactado por el apartado treinta y cuatro del artículo decimoquinto de la Ley 13/2009, de 3 de noviembre, de reforma de la legislación procesal para la implantación de la nueva Oficina judicial («B.O.E.» 4 noviembre).Vigencia: 4 mayo 2010

Desde el 07/10/2015

Artículo 80 Acumulación de procesos en el juicio verbal

En los juicios verbales, la acumulación de procesos que estén pendientes ante el mismo tribunal se regulará por las normas de la Sección siguiente.

Artículo 80 redactado por el apartado once del artículo único de la Ley 42/2015, de 5 de octubre, de reforma de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil («B.O.E.» 6 octubre).Vigencia: 7 octubre 2015

MARÍA AMALIA PIÑEIRO CARRASCAL

INFORME LEC: 2- La Tasación de Costas y el I.V.A.

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4 Novembro, 2015

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   Un tema hasta ahora recurrente en las discusiones jurídicas y en la jurisprudencia ha sido la aplicación del IVA en las costas procesales, que venía a ser una suerte de ruleta rusa donde tenías que explicarle a tu cliente “pues según lo que salga veremos si el IVA de mi factura te lo meriendas tu o la parte contraria” lo cual no es de recibo y desde luego llevaba a los clientes a una inseguridad, que dependiendo de la cuantía del procedimiento podía ser más o menos considerable.

      La nueva reforma de la Ley 42/2015, de 5 de Octubre, de reforma de la ley 1/2000, de 7 de Enero, de Enjuiciamiento Civil, incluye la oportuna modificación y unificación de este criterio absolutamente caprichoso hasta la fecha:

       La nueva redacción del apartado 2 del artículo 243 es la siguiente:

«2. No se incluirán en la tasación los derechos correspondientes a escritos y actuaciones que sean inútiles, superfluas o no autorizadas por la ley, ni las partidas de las minutas que no se expresen detalladamente o que se refieran a honorarios que no se hayan devengado en el pleito.

Tampoco serán incluidos en la tasación de costas los derechos de los procuradores devengados por la realización de los actos procesales de comunicación, cooperación y auxilio a la Administración de Justicia, así como de las demás actuaciones meramente facultativas que hubieran podido ser practicadas, en otro caso, por las Oficinas judiciales.

El secretario judicial reducirá el importe de los honorarios de los abogados y demás profesionales que no estén sujetos a tarifa o arancel, cuando los reclamados excedan del límite a que se refiere el apartado 3 del artículo 394 y no se hubiese declarado la temeridad del litigante condenado en costas.

En las tasaciones de costas, los honorarios de abogado y derechos de procurador incluirán el Impuesto sobre el Valor Añadido de conformidad con lo dispuesto en la ley que lo regula. No se computará el importe de dicho impuesto a los efectos del apartado 3 del artículo 394.»

   En su último párrafo precisa que: “en las tasaciones de costas los honorarios de abogados y derechos de procurador incluirán el Impuesto sobre el Valor Añadido de conformidad con lo dispuesto en la ley que lo regula. El referido impuesto sobre el valor añadido no se computara a efectos del apartado 3 del art 394”.

    Dicho artículo reza: “Cuando en aplicación del apartado 1 de este articulo, se impusieren las costas al litigante vencido, este solo estará obligado a pagar, de la parte que corresponda a los abogados y demás profesionales que no estén sujetos a tarifa o arancel, una cantidad que no exceda de la tercera parte del proceso, por cada uno de los litigantes que hubiere obtenido tal pronunciamiento ; a estos solos efectos, las pretensiones inestimables se valorarán en 18.000 euros , salvo que en razón de la complejidad del asunto, el tribunal estime otra cosa.”

   La reforma del art. 243.2 excluye el computo del IVA dentro de estas cuantías, por lo que a mi entender, el límite de un tercio de condena en costas sobre la cuantía del proceso y al límite de la cuantía de los 18.000 euros de las pretensiones inestimables se verán incrementadas por las cuantías de IVA con las que estén grabadas las costas del proceso.

    Conforme con todo lo anterior el Un tema hasta ahora recurrente en las discusiones jurídicas y en la jurisprudencia ha sido la aplicación del IVA en las costas procesales, que venía a ser una suerte de ruleta rusa donde tenías que explicarle a tu cliente “pues según lo que salga veremos si el IVA de mi factura te lo meriendas tu o la parte contraria” lo cual no es de recibo y desde luego llevaba a los clientes a una inseguridad, que dependiendo de la cuantía del procedimiento podía ser más o menos considerable.

   La nueva reforma de la Ley 42/2015 legislador a decidido simplificar y unificar criterios, que bajo mi humilde punto de vista es un acierto, la disparidad de criterios nos arrastra a la inseguridad jurídica, que finalmente quien la sufre es el ciudadano, supuestamente el destinatario de la protección jurídica.

BERTA RAMÓN PERUJO

INFORME LEC: 1-Modificación del plazo de prescripción para acciones personales y régimen transitorio

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3 Novembro, 2015

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   Antes de nada, no puedo dejar de mostrar mi extrañeza al comprobar que la revisión de esta figura tan importante como es la prescripción se hace a modo de apéndice de una reforma de la Ley procesal civil. Mi estupefacción va in crescendo cuando la Exposición de Motivos de la Ley 42/2015 ya advierte que esta reforma no es sino “una primera actualización del régimen de la prescripción que contiene el Código Civil, cuestión de una gran importancia en la vida jurídica y económica de los ciudadanos”. Es decir, que esto va por fascículos, como si de una revista se tratara. Cabe preguntarse, entonces, si más adelante se atreverá el legislador a abordar otras cuestiones relativas a esta materia como el estatuto de la interrupción que, tal y como ha denunciado la doctrina, parece que no se aviene realmente a la ratio iuris de la institución.

   La Exposición de Motivos continúa explicando que “a partir de los trabajos de la Comisión General de Codificación, se acorta el plazo general de las acciones personales del artículo 1964, estableciendo un plazo general de cinco años”. Esta advertencia se plasma en la Disposición final primera de la Ley 42/2015, señalando que el artículo 1964 del Código Civil queda redactado como sigue:

1. La acción hipotecaria prescribe a los veinte años.

2. Las acciones personales que no tengan plazo especial prescriben a los cinco años desde que pueda exigirse el cumplimiento de la obligación. En las obligaciones continuadas de hacer o no hacer, el plazo comenzará cada vez que se incumplan”.

  La modificación más notable, en efecto, es la previsión de un plazo de prescripción bastante más breve que el que regía hasta ahora de 15 años. El plazo de 5 años debe estimarse adecuado y suficiente, siendo de hecho esta la tendencia tanto de los textos de unificación del Derecho europeo de obligaciones como en diversas Directivas comunitarias dictadas en esta misma materia.

  En cuanto al díes a quo, no se modifica, sigue siendo el mismo criterio objetivo que regía anteriormente como es el de la posibilidad legal de ejercitar la acción. Esto, por tanto, no merece especial atención pues no supone una novedad.

  Ahora bien, en lo que sí conviene detenerse es en referencia última que se contiene en la nueva redacción del artículo 1964.2 del CC:

En las obligaciones continuadas de hacer o no hacer, el plazo comenzará cada vez que se incumplan”.

   Las obligaciones continuadas serían aquellas obligaciones de tracto sucesivo que tienen por objeto una prestación duradera y continuada en el tiempo. Es cierto que en esta categoría estarían incluidas prácticamente todas las obligaciones de no hacer, pero a mi juicio esto no justifica (precisamente porque es innecesario) limitar esta declaración a éstas y a las obligaciones de hacer.

   En cualquier caso, no solo las obligaciones de dar son las más habituales en el tráfico jurídico sino que prácticamente todas las acciones del ordenamiento a las que se aplica habitualmente esta regla del artículo 1964 del CC (esto es, acciones personales que no tuvieran otro plazo de prescripción previsto legalmente) van a ser acciones que tienen por objeto habitualmente obligaciones de dar .

   Para terminar la referencia a esta cuestión, la Exposición de Motivos subraya las virtudes de la reforma propuesta diciendo que “la disposición transitoria relativa a esta materia permite la aplicación a las acciones personales nacidas antes de la entrada en vigor de esta ley, de un régimen también más equilibrado, surtiendo efecto el nuevo plazo de cinco años”. La Disposición transitoria quinta, así, dice que “el tiempo de prescripción de las acciones personales que no tengan señalado término especial de prescripción, nacidas antes de la fecha de entrada en vigor de esta ley, se regirá por lo dispuesto en el artículo 1939 del Código Civil”. Este precepto señala lo siguiente:

La prescripción comenzada antes de la publicación de este código se regirá por las leyes anteriores al mismo; pero si desde que fuere puesto en observancia transcurriese todo el tiempo en él exigido para la prescripción, surtirá ésta su efecto, aunque por dichas leyes anteriores se requiriese mayor lapso de tiempo”.

   Es decir, ¿tabula rasa?, ¿borrón y cuanta nueva? No exactamente: si a la entrada en vigor de esta Ley quedan dos años para que prescriba la acción, seguirán quedando dos años para accionar; si faltan tres, cuatro y cinco, nada cambiará. Eso sí, todas las deudas que a partir de la entrada en vigor de esta norma tengan un plazo de prescripción de 6 años o más, quedarán sometidas al nuevo plazo de 5 años contados desde la fecha de su entrada en vigor.

   Como conclusión cabe decir que hay un doble motivo de celebración: de un lado, la reducción del plazo de prescripción de 15 años a 5 resulta razonable y acorde a los tiempos actuales y, de otra parte, el hecho de que no cuajase finalmente la reforma del artículo 1973 del Código Civil, sobre el régimen de interrupción de la prescripción, que se preveía en el Proyecto, con la finalidad, se explicaba en la Exposición de Motivos, de que “las reclamaciones extrajudiciales sucesivas puedan demorar el plazo legal de prescripción”. En efecto, en el número 2 de la Disposición final primera del Proyecto se establecía:

Se modifica el artículo 1973, que queda redactado del siguiente modo: «Artículo 1973. La prescripción de las acciones se interrumpe por su ejercicio ante los Tribunales, por reclamación extrajudicial del acreedor y por cualquier acto de reconocimiento de la deuda por el deudor. El plazo de prescripción no se entenderá interrumpido si transcurrido un año desde la reclamación extrajudicial el deudor no hubiese cumplido y el acreedor no hubiese reclamado judicialmente su cumplimiento.»”.

   Es decir, que si pasados 4 años del plazo de prescripción, se reclama extrajudicialmente la deuda pero no se interpone la demanda en el año siguiente la acción prescribe. Como se puede observar, esta regla no se cohonesta demasiado con la debida seguridad jurídica (que además es uno de los valores que pretende asegurarse a través del instituto de la prescripción).

  Como crítica negativa puede subrayarse el hecho de acometer esta reforma por vía de una Disposición final de una ley procesal y en segundo término se echa de menos que el legislador no haya sido más ambicioso a la hora de enfrentarse a ella, pues hubiera sido deseable revisar todo el régimen jurídico regulador de la prescripción.

VICTORIA PICATOSTE BOBILLO