V XORNADA DE INFORMÁTICA XUDICIAL: A Ciberdefensa no século XXI

Avogados_Novos
14 Setembro, 2015

AVOGADOS NOVOS e o Colexio Profesional de Enxeñaría Técnica en Informática de Galicia (CPETIG), renovaron o acordo de colaboración en virtude do cal os integrantes da Agrupación de Avogados Novos de Vigo disfrutarán dun desconto na V edición da Xornada de Informática Xudicial e Delitos Informáticos que terá lugar o vindeiro 21 de outubro na cidade da cultura. 

Dende aqui, queremos animarvos a asistir a esta interesante xornada onde se nos amosaráos riscos e os beneficios do uso de internet, e como protexernos dos eventuais ataques que podamos sufrir. Para inscribiros deberedes cubrir o formulario de inscrición e poñer o código que os enviamos por mail a tódolos asociados.  Programa 

Un ano máis as xornadas de informática xudicial consolidan o seu papel de foro de debate sobre temas de actualidade para a administración de Xustiza. O obxectivo é contribuír a incrementar a efectividade e a eficiencia da administración xudicial co uso das novas ferramentas electrónicas e forenses. Por iso, o CPETIG e a Amtega traballan conxuntamente en informar e concienciar a xuíces, maxistrados, secretarios xudiciais, fiscais, avogados e xuristas en xeral, sobre os avances en materia probatoria en casos onde intervén o factor informático.

Dicir que as novas tecnoloxías invaden a nosa vida e que se fixeron tan indispensables como no seu día o foi a auga corrente, a luz ou o teléfono pode resultar case unha obviedade. A nosa sociedade moderna baséase na información e na comunicación e grazas ás novas (ou xa non tan novas) tecnoloxías ambos elementos alcanzaron o seu máximo expoñente: podemos levar información equivalente a un centenar de enciclopedias e compartila ou entrar en contacto cunha persoa que estea ao outro lado do mundo coa mesma facilidade que levamos o xornal ou falamos cos nosos compañeiros de traballo.

E non é necesario ter un ordenador para iso. Hoxe en día os nosos simples teléfonos móbiles permítennos isto e moito máis. Esta realidade ábrenos un novo mundo de oportunidades pero tamén supón un novo cúmulo de riscos que son moitas veces descoñecidos e ante os que ninguén nos advertiu ou protexeu axeitadamente.

A Lei, como elemento organizador das nosas relacións sociais, está a experimentar unha importante evolución nun heroico “tour de force” para adaptarse á nova realidade que xa supón Internet.

4-¿Qué y Donde puedo fotografíar? Libertad de panorama

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     Un monumento o un edificio tiene derechos de propiedad intelectual por lo que la fotografía o el dibujo de dicho monumento se convierte en una obra derivada. Por más que el fotógrafo cargue la imagen con toda su impronta de originalidad, o el pintor muestre un gran destreza con el pincel y sea el autor de su propia obra fotográfica o dibujo, la imagen tomada o dibujada, en tanto obra derivada necesitará la autorización del titular de los derechos del monumento, para publicarla o copiarla. Una cadena de restricciones que pasa de una obra a otra, y limita nuestras fotos al capricho del poseedor de los derechos del monumento. Siendo tan evidente la parcelación o apropiación privada, de algo que difícilmente puede considerarse un dominio privado, como es la posibilidad de fotografiar y publicar imágenes de objetos intencionalmente instalados en el espacio público, razón por la que muchas legislaciones sobre derechos de autor incorporaron excepciones al copyright sobre esculturas, monumentos o edificios: laLibertad de Panorama”.

¿Qué es la libertad de panorama?

La libertad de panorama permite hacer fotografías, vídeos, pinturas.… (y explotarlas comercialmente y esta es ,en mi opinión, la clave de toda la polémica) de los edificios, monumentos y demás obras que estén permanentemente en la vía pública, siendo un límite o excepción de los derechos de propiedad intelectual que poseen los autores de esas construcciones.

El nombre de este concepto es una traducción de Panoramafreiheit, término utilizado en Alemania para dicha excepción en su legislación.

En Europa cada país tiene una legislación diferente1 sobre este límite de los derechos de autor. Así, por ejemplo, en España, Portugal, Reino Unido se podrá fotografiar y explotar comercialmente con fotos de edificios y monumentos mientras que en países como Francia, Italia,Bélgica, esto estaría prohibido.

    La UE ya se esté trabajando en una nueva directiva para adaptar la protección del copyright al nuevo entorno digital, y así reformar directiva 2001/29/EC. Una de los objetivos es la unificación de las distintas legislaciones de los Estados miembros de la UE en relación a la propiedad intelectual en el mercado interior de la Unión Europea, y entre las materias que ser regularán se incluye la Libertad de Panorama. Ha sido en el debate parlamentario de esta nueva directiva europea sobre la regulación de los derechos de propiedad intelectual en el entorno digital, cuando ha surgido la polémica acerca de si debía o no permitirse la Libertad de Panorama. A favor de la cual esta la redactora del borrador de la ley, la eurodiputada del partido pirata Julia Reda, presentando una enmienda en contra, la cual ha retirado posteriormente, la el eurodiputado francés de los liberales Jean Marie Cavada, por lo que al parecer la nueva directiva sobre los derechos de propiedad intelectual permitirá la libertad de panorama en todos los paises de la Unión Europea. Solo nos queda esperar a la aprobación definitiva de la nueva directiva, que esperamos sea a finales de este año.

Vale ya se lo que es la libertad de panorama, pero ¿Donde y Qué puedo fotografiar?

    Hay que partir de la base de que no hay ningún texto legal en donde se nos indiquen los límites de lo que se puede fotografiar o no, una de las pocos artículos que habla sobre el temas es en el artículo 35.2 de la ley de propiedad intelectual,el que regula la libertad de panorama:

Las obras situadas permanentemente en parques, calles, plazas u otras vías públicas pueden ser reproducidas, distribuidas y comunicadas libremente por medio de pinturas, dibujos, fotografías y procedimientos audiovisuales

   Por lo tanto, mientras estemos en España, no debemos tener ningún temor en fotografiar cualquier monumento y publicarlo en nuestro blog, redes sociales o utilizarlas en una exposición fotográfica.

   Estudiando y leyendo artículos sobre esta materia vi que la gente indica que no se puede fotografiar el Guggenheim de Bilbao o el Auditorio de Tenerife, dicha prohibición contravendría lo explicado hasta ahora. Sin embargo no es así, aunque tanto el museo como el auditorio están registrados como marca, reguladas por la ley de marcas Ley 17/2001, Lo que se esta ley prohíbe es utilizara la imagen del Guggenheim y del Auditorio como signos distintivos o logo de una empresa, no que cualquiera haga una foto al museo o al auditorio y la cuelgue en su Flickr o Instagram

Entonces ¿Qué puedo fotografiar?

   Podríamos decir que la norma general es si algo se ve desde la calle se puede fotografiar incluido, como explique antes, los monumentos o edificios situados en la vía pública gracias a la libertad de panorama.

   Como veis he puesto algo y no alguien, pues en el caso de fotografiar a personas tendríamos que tener en cuenta el derecho a la propia imagen de la persona fotografiada.

    Así, nadie nos puede impedir fotografiar el escaparate de una tienda o la vías del tren, si se ven desde fuera de la estación. También se puede fotografiar a un empleado público desempeñando su trabajo, y si, empleado público incluye a la policía. Debido a la polémica surgida en este punto me detendré un poco y os explicaré como esta la regulación en estos momentos.

   Por un lado tenemos la ley orgánica 1/82 en su artículo 8.2 dice “2. En particular, el derecho a la propia imagen no impedirá:

a) Su captación, reproducción o publicación por cualquier medio, cuando se trate de personas que ejerzan un cargo público o una profesión de notoriedad o proyección pública y la imagen se capte durante un acto público o en lugares abiertos al público.

   Por otro lado tenemos la reciente ley orgánica de seguridad ciudadana 4/2015 , en su artículo 36, indica que Son infracciones graves:

23) El uso no autorizado de imágenes o datos personales o profesionales de autoridades o miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que pueda poner en peligro la seguridad personal o familiar de los agentes, de las instalaciones protegidas o en riesgo el éxito de una operación, con respeto al derecho fundamental a la información.

Por lo tanto podemos deducir, que cuando no se ponga en peligro la seguridad de los agentes, de las instalaciones o de la operación, se podrá fotografiar a un policía. (ejemplo)

¿Cuando ponemos en peligro la seguridad? Pues no los sé, ni yo ni nadie. La nueva técnica legislativa del gobierno utilizar numerosos términos jurídicos indeterminados2 provocando una gran inseguridad jurídica y hasta que los jueces resuelven y vayan creando una base jurisprudencial y delimitando esos conceptos , no se podrá dar una respuesta a esta pregunta.

¿Puedo fotografiar en el interior de un Aeropuerto o Estación de Tren?

La única norma que regula las fotografías en el interior del recinto aeroportuario es plan de seguridad nacional de 2012 y que en su Articulo 2.2.2 indica que:

h) Está prohibido hacer fotografías y grabaciones con cualquier medio dentro del recinto aeroportuario, salvo autorización expresa de la Autoridad aeroportuaria, en las siguientes zonas:

Controles de accesos, independientemente del sistema utilizado y si está controlado con presencia de personal de seguridad o no: casetas, puertas, tornos, mostradores, controles, sistema de circuito cerrado de televisión…

Controles de seguridad de pasajeros, tripulaciones y empleados.

Zonas críticas de seguridad tales como: patios de carrillos, vías de servicio, y plataforma. Esta prohibición es específica para el personal con acreditación aeroportuaria que acceda a dichas zonas y que realice fotografías o grabaciones con cualquier medio en las que se muestren procedimientos, instalaciones, equipos, etc., que puedan comprometer la seguridad de la aviación.

Por otro lado Adif nos indica que esta prohibido realizar fotografías:

* En las zonas privadas de uso restringido de las estaciones en las que es necesario la posesión del correspondiente título de transporte para su acceso a las mismas (salas de embarque, andenes restringidos, etc.)

* En aquellas zonas en las que se pudiera producir afectación a los servicios y el normal desarrollo de la actividad (centros de trabajo, oficinas de venta de billetes, etc.); así como aquellas otras de acceso exclusivo que determina la Ley del Sector Ferroviario por estar vinculadas a la seguridad en la explotación ferroviaria (vías, túneles, puestos de mando, etc.).

   Lo dicho por Adif, nos vale también para los aeropuertos y como norma general para el resto de recintos cerrados, es decir podemos fotografiar todas las zonas de acceso público y libre, es decir aquellas zonas para las que no sea necesario comprar un Ticket, entrada, o tener una invitación, para acceder, y podremos fotografiar todo lo que veamos desde esas zonas, a excepción de lo indicado por el plan de seguridad.

   Para mi el tema más interesante, y más complicado, es si se puede hacer fotografías en un recinto privado.

   Mi opinión es que si se requiera identificación para entrar, como por ejemplo en un gimnasio, el dueño del local será el que decida sobre el asunto. Por el contrario, si para acceder al recinto no es necesario identificarse, por ejemplo un centro comercial, debemos considerarlo como un recinto público y por lo tanto nos esta permitido hacer fotografías, al igual que en la estaciones de tren.

   Un último apunte, recordad que no es lo tener derecho a hacer una fotografía que tener derecho a publicarla, en el caso de fotografiar algo con propiedad intelectual, excepto los incluidos en la libertad de panorama, por ejemplo un cartel de una película o publicitario, una fotografía… nadie nos puede impedir fotografiarlo, pero deberíamos solicitar permiso al titular de los derechos de explotación de dicha obra para publicarla.

¿Quien puede obligarnos a borrar una fotografía?

   Un Juez, es el único competente para solicitar el borrado de una fotografía o tarjeta de memoria.

    Por lo tanto un miembro de la fuerzas de seguridad del estado no tiene potestad para obligaros a borrar una fotografía, lo único que podría hacer es decomisar3 la cámara y/o la tarjeta de memoria, si consideran que has cometido un delito, falta… para lo cual tendrán que redactar un acta de decomiso, un informe e iniciar un procedimiento judicial o administrativo.

  En caso de encontraros en esta situación, recordadle al agente que la tarjeta de memoria es propiedad intelectual y que la ordenar la destrucción de la propiedad privada esta prohibido y que su contenido esta protegido por la ley de propiedad intelectual, acto seguido darle vuestros datos, para que tampoco pueda alegar resistencia o desobediencia a la autoridad, y que si considera que estáis haciendo algo ilegal, os denuncie.

   Si no os queréis meteros en problemas decidle que borren ellos las fotos y hacedlo delante de testigos, para, si lo considerarais oportuno, tener fundamentos para actuar contra el agente.

    Tampoco pondrán poneros la mano delante del objetivo y mucho menos tocaros la cámara.

   Obviamente si un agente de las fuerzas del orden no puede pediros que borréis las fotografías, un un vigilante o guardia de seguridad, mucho menos.

    En resumen: No hay regulación sobre esta materia por lo que no se puede dar una respuesta, pero entiendo que basándonos en el Principio de Permisión según el cual «Lo no prohibido está permitido» debemos considerar que mientras una ley no lo prohíba nos esta permitido hacer fotografías. Así que cuando alguien os diga “ aquí esta prohibido hacer fotos” preguntarle que ley lo prohíbe.

IAGO OTERO MOREIRAS

2.-Concepto jurídico indeterminado, es el que se usa en una norma para indicar de manera imprecisa un supuesto de hecho

3.- privar a alguien de alguno de sus bienes como consecuencia de la relación de estos con un delito, falta o infracción administrativa.

LA MUERTE Y HACIENDA: guía práctica

Avogados_Novos
1 Xullo, 2015

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   Haciendo uso de una célebre frase de Thomas Jefferson, decía Brad Pitt en la película “¿Conoces a Joe Black?” que hay dos cosas inexorables en esta vida: La Muerte y Hacienda. Todos tememos a la primera, y últimamente los abogados casi tanto a la segunda como a la primera.

   Para evitar este segundo “mal”, los abogados debemos cumplir una serie de obligaciones que pueden parecer complicadas y que son tediosas pero que, bien hechas y llevadas al día, nos pueden ahorrar un disgusto muy, muy grande. Por esta razón creo que es más que recomendable seguir una serie de pautas que no cuestan tanto como parece y que nos proporcionarán tranquilidad a la hora de una eventual inspección de la Agencia Tributaria:

Guarda las facturas y las minutas:

   No tires las facturas antes de que pasen los años necesarios para la prescripción y haz lo mismo con las minutas. Todos tendemos a guardar papeleo inútil en el despacho, así que haced sitio para lo que sí vale la pena guardar.

Lleva libros registro de tu contabilidad:

   Lo más fácil y práctico es usar una hoja de cálculo, pero si no sabes o no quieres, al menos hazlo en un cuaderno. Si no lo has hecho nunca, empieza ya, dedícale una tarde a la semana, o una semana entera de tus vacaciones, o incluso un cuarto de hora al día mientras te tomas un café. Organízate como quieras, pero hazlo, y procura que contemple todo lo que has reflejado en tus declaraciones tributarias que aún no han prescrito. Tardarás en ponerte al día, pero merece la pena.

   Si ya los tienes hechos, asegúrate de dedicarles un tiempo a la semana o al mes para ponerlos al día, no lo dejes pasar.

Haz un hueco en la agenda cada fin de trimestre:

   El mes siguiente al del fin del trimestre hay que tener las declaraciones hechas y presentadas. Es un plazo que ya conoces y por lo tanto es más fácil guardar un hueco en la agenda para hacerlas (en enero y en junio yo guardaría dos huecos). Los abogados llevamos muy mal lo de los plazos y tendemos a ajustarlos al límite, por eso te recuerdo que EN HACIENDA NO HAY DÍA DE GRACIA.

No te deduzcas gastos que te parezcan dudosos:

   Todos hemos oído eso de “yo me deduzco la gasolina porque voy mucho a tal sitio”… NO, NO TE PUEDES DEDUCIR LA GASOLINA. Voy a repetirlo por si no está claro: NO TE PUEDES DEDUCIR LA GASOLINA. Si me aceptáis un consejo os diré que cuando tengáis serias dudas de si un gasto es deducible o no, no os lo deduzcáis porque lo más seguro es que no sea deducible. Y alguno dirá: “Pero así pierdo dinero”. Bueno, es posible que pierdas algo, pero si te lo deduces sin derecho a hacerlo y te inspeccionan vas a pagar lo que gastaste, más los intereses, más una sanción… Cada cual que decida si le compensa.

Si no quieres hacerlo tú, encárgaselo a otro:

   Hay asesorías fiscales por todas partes que por una cantidad aceptable te hacen todo el trabajo. Si eres de los que no tienen ni un minuto libre o sencillamente prefieres pagar y que te lo hagan, contrata a una buena asesoría. Yo apostaría por un profesional del derecho tributario, no por una de esas asesorías que llevan de todo y que tienen tropecientos clientes, que pueden ser muy buenas, ojo, pero mi opinión personal es que el que mucho abarca poco aprieta. Recuerda además que aunque contrates una asesoría, el obligado tributario sigues siendo tú y si haces las cosas mal o a destiempo es a por ti a por quien van a ir.

   Según el diccionario de la RAE inexorable significa que no se puede evitar. Esto, por desgracia o por suerte, es verdad en lo que se refiere a la Muerte, pero no tiene que serlo para Hacienda. Así que no lo dejes pasar, o un día te encontrarás con un señor inspector en la puerta y mucho me temo que no va a parecerse a Brad Pitt.

SABELA GÓMEZ ÁLVAREZ

INFORME LEI SEGUNDA OPORTUNIDADE

Avogados_Novos
12 Maio, 2015

   Co gallo da recente publicacion do Real Decreto-lei 1/2015 de 27 de febrero, de mecanismo de segunda oportunidade, reducción de carga financieira e outras medidas de orde social, a agrupación de Avogados Novos de Vigo ven de crear un grupo de traballo formado por compañeiros da agrupación especialistas en Dereito Concursal, Hipotecario e Fiscal-Tributario co obxectivo de facer un informe xurídico sobre o contido da tamén chamada “Lei de segunda oportunidade” asi como da súa incidencia sobre as modificacións lexislativas as que afecta. O informe que presentamos a continuación estructúrase nas seguintes partes:

1.- Resumo dos obxectivos e principios inspiradores da devandita lei.
2.- Modificacións operadas na Lei Concursal; o acordo extrajudicial de pagos, a figura do mediador concursal e o beneficio de exoneración de pagos.
3.- Modificacións en materia hipotecaria.
4.- Modificacións en materia fiscal e tributaria: cambios normativos en IRPF e IS.
5.- Derogación das tasas xudiciais para as personas físicas en todas as ordenes xurisdicionais e instancias.
   Este documento pretende facer un resumo das principais reformas introducidas pola Lei de Segunda Oportunidade, co fin de aportar un instrumento de traballo que permita coñecer e comprender as principais novedades introducidas polo devandito Real Decreto-lei. Esperamos que vos sexa de utilidade.     DESCARGAR O INFORME
Grupo de traballo da Lei de segunda oportunidade

 

La construcción legal de las violencias contra la mujer

Avogados_Novos
28 Abril, 2015

Versión pdf, con notas a pie de página   

   La construcción legal de las violencias es una tarea que tiene necesariamente que tener en cuenta la voz de las personas que las sufren, en este caso nos referiremos solamente a una de las manifestaciones de la violencia machista, violencia contra las mujeres, que entendemos siguiendo a Kara Abramson que su protección legal ha de construirse teniendo en cuenta la voz de sus superviventes, las mujeres. Si queremos que el sistema jurídico cumpla con el cometido de dar soluciones a una vida llena de violencia, y convertirse en una alternativa real para superar dicha violencia.

  El sistema legal español exige que para acceder a determinadas garantías jurisdiccionales, las mujeres acepten un estatuto de víctimas. Esta formulación legal como salida a la violencia ha permitido que las mujeres seamos reconocidas como titulares de derechos y no como meras destinatarias de medidas asistenciales. Sin embargo hoy sabemos gracias al bagaje acumulado en la lucha contra la violencia machista en el ámbito jurídico y psicológico que es necesario avanzar en la construcción de un marco legal superador de las problemáticas que hasta el momento se tiene detectado dentro de la aplicación de la norma.

   Tenemos que tomar consciencia de que estamos ante una mujer que está realizando un esfuerzo enorme por llevar a termino un proceso penal, porque es lo que la sociedad espera de ella, ella ha de denunciar, y lo que ella espera del proceso es que le sirva como herramienta para vencer los traumas, la violencia, sentirse protagonista, escuchada, protegida y sobretodo, dominar una relación intima de violencia machista. Lo que no podemos hacer es asumir para todas las mujeres que están en un proceso judicial que no tienen capacidad de decidir, que no saben lo que quieren, y decidir por ellas. Ser sobreviviente de violencia contra la mujer, no te convierte en una persona débil y sin voluntad ni discernimiento, todo lo contrario, tenemos que tener presente que estamos ante una mujer fuerte que está atravesando un momento difícil en su vida, y nuestro trabajo es ayudar a superar esa fase, asesorar y dirigir un proceso judicial, no decidir por ella.

   Nos encontraremos que algunas mujeres no han terminado con sus relaciones de pareja, los motivos que pueden llevar a querer continuar con el agresor son variados y se escapan del propósito de este articulo, al respeto solo decir, que en este punto es muy importante que estén bien informadas de lo que es una orden de alejamiento y lo que supone el quebranto de la misma, y ser inductora de dicho delito.

   En conclusión, es necesario cuando asistimos a una mujer dentro de un proceso de violencia de género tener en cuenta los estereotipos instalados en los operadores jurídicos y en nosotrxs mismxs, Julieta di Corleto1, en su articulo “La construcción legal de la violencia contra las mujeres” resalta tres supuestos clave donde entran en juego dichos estereotipos y preconceptos en el ámbito del proceso penal, que pueden ser de ayuda y podemos sintetizar en los siguientes puntos:

  1. La terminología privatiza el problema de la violencia reduciéndolo a uno de carácter individual cuando en realidad se trata de una situación estructural que es mejor definida por el “vocablo opresión”, en este sentido una interpretación limitada de los procesos de victimización corre en paralelo con una interpretación restringida de la violencia.
  1. La representación de la mujer como víctima tiende a crear un estereotipo de mujer pasiva, indecisa, contradictoria o incluso incapaz. Esta imagen puede tener consecuencias practicas en el litigio de los casos. Presentar a una mujer como víctima puede hacer pensar al Tribunal que no es capaz de criar a sus hijos. En oposición, si la mujer no se ajusta al perfil de victima puede que se descrea su relato y se nieguen sus experiencias de maltrato.
  1. Muchas mujeres no se sienten identificadas con una imagen de ellas mismas como víctimas, de ahí la importancia de contar con su voz a la hora de construir legalmente la violencia contra las mujeres. Validar la experiencia de las mujeres nos solo tiene un sentido en la construcción de una realidad colectiva, es decir, en la identificación de problemas comunes a otras mujeres, sino también en la recuperación de una subjetividad que ha tenido poco lugar para exponer sus puntos de vista. Por otra parte, es importante reconocer las formas de resistencias y luchas de las mujeres maltratadas, sobretodo en cuanto a los mecanismos que utilizan para asegurar su propia integridad física y la de su hijxs.

SHEILA FERNÁNDEZ

Comunicado: “Pola defensa dos dereitos humanos no C.P. A Lama. ”

Avogados_Novos
21 Abril, 2015

rolda de prensa 

 Avogados Novos de Vigo, fixo hoxe público o comunicado “Pola defensa dos dereitos humanos no C.P. A Lama. O caso de Javier Guerrero Carvajal”, asinado conxuntamente por diferentes organizacións de Dereitos Humanos e Sociais, tanto de ambito vigues, galego e estatal.

   A rolda de prensa realizouse no auditorio do Colexio de Avogados de Vigo, e na mesma interviron, Iolanda Ferreiro integrante de Esculca e avogada do Colexio de Ourense, Alba Rodriguez, amiga de Javier Guerreiro Carvajal, e por Avogados Novos de Vigo a compañeira Sheila Fernández Miguez, da Comisión de Dereitos Humanos.

   Con esta iniciativa desde a Comisión de Dereitos Humanos, pretendemos dar a coñecer a opinión pública a situación de vulneración de dereitos humanos que sucede no noso entorno profesional, e demandar da administración transparencia e efectivo respecto aos dereitos das persoas privadas de liberdade e ao noso traballo como avogadas e avogados. O caso de Javier Guerrero Carvajal é so un exemplo, un grao de area de unha problemática maior, como son as dilación nas resolución, a vulneración do Dereito a Tutela Xudicial Efectiva, a vulneración dos dereitos e garantías vinculadas as prestacións sanitarias, xunto con a falta de investigación nas denuncias por malos tratos e a opacidade da adminsitración penitenciaria que sofren todas as persoas privadas de liberdade.

   O comunicado ben con o respaldo do mundo xurídico e dos Dereitos Humanos, contando con a sinatura de Esculca, observatorio para a defensa dos dereitos e liberdades, Xustiza e Sociedade de Galicia, Observatori del Sistema penal i els Drest Humans, Comité de defensa dos Presos Concepción Areal, Salhaketa, Imán, Oficina de Dereitos Sociais de Coia (ODS) e da Coordinadora Estatal para a prevención e denuncia da tortura, integrada por 45 organizacións de dereitos humanos de ambito estatal.

 COMUNICADO.

El Hurto en el nuevo código penal

Avogados_Novos
21 Abril, 2015

VERSIÓN PDF

INTRODUCCIÓN:

   En el todavía aplicable Código Penal, el Hurto se recoge, dentro de los delitos contra el patrimonio y contra el orden socioeconómico, abarcando los artículos 234 a 236, cuando es considerado delito, y subsidiariamente en el artículo 623 cuando es considerado falta.

   Pues bien, como todos sabemos, en el Nuevo Código Penal, desaparecen las faltas, y por lo tanto se le da una nueva redacción a estos artículos.

   La conducta tipificada es la misma, y la pena a imponer también, estando la novedad en las consecuencias de tal conducta.

¿Qué pasa entonces si un ciudadano hurta bienes por un valor menor a 400 euros?

Artículo 234

«1.El que, con ánimo de lucro, tomare las cosas muebles ajenas sin la voluntad de su dueño será castigado, como reo de hurto, con la pena de prisión de seis a dieciocho meses si la cuantía de lo sustraído excediese de 400 euros.

2.Se impondrá una pena de multa de uno a tres meses si la cuantía de lo sustraído no excediese de 400 euros, salvo si concurriese alguna de las circunstancias del artículo 235.

3.Las penas establecidas en los apartados anteriores se impondrán en su mitad superior cuando en la comisión del hecho se hubieran neutralizado, eliminado o inutilizado, por cualquier medio, los dispositivos de alarma o seguridad instalados en las cosas sustraídas.»

   Hasta ahora se le acusaba de falta de hurto, se sometía a un juicio de faltas y si resultaba condenado, se le imponía una pena de localización permanente de 4 a 12 días, o multa de 1 a 2 meses, a razón de x euros diarios (teniendo en cuenta sus circunstancias personales, laborales…)

   Pero con la reforma ya no será posible, pues la falta de hurto desaparece y el ciudadano se convierte en acusado de delito leve de hurto y se le impondrá una pena de 1 a 3 meses de multa.

   Hasta aquí no parece que cambien demasiado las cosas, si no tenemos en cuenta, claro, que por una falta no quedaban registrados antecedentes penales, y ahora, como es delito, siempre, aunque sea considerado menor, genera antecedentes penales en todos los casos.

Artículo 235

«1. El hurto será castigado con la pena de prisión de uno a tres años:

1.Cuando se sustraigan cosas de valor artístico, histórico, cultural o científico.

2. Cuando se trate de cosas de primera necesidad y se cause una situación de desabastecimiento.

3.Cuando se trate de conducciones, cableado, equipos o componentes de infraestructuras de suministro eléctrico, de hidrocarburos o de los servicios de telecomunicaciones, o de otras cosas destinadas a la prestación de servicios de interés general, y se cause un quebranto grave a los mismos.

4.Cuando se trate de productos agrarios o ganaderos, o de los instrumentos o medios que se utilizan para su obtención, siempre que el delito se cometa en explotaciones agrícolas o ganaderas y se cause un perjuicio grave a las mismas.

5. Cuando revista especial gravedad, atendiendo al valor de los efectos sustraídos, o se produjeren perjuicios de especial consideración.

6.Cuando ponga a la víctima o a su familia en grave situación económica o se haya realizado abusando de sus circunstancias personales o de su situación de desamparo, o aprovechando la producción de un accidente o la existencia de un riesgo o peligro general para la comunidad que haya debilitado la defensa del ofendido o facilitado la comisión impune del delito.

7. Cuando al delinquir el culpable hubiera sido condenado ejecutoriamente al menos por tres delitos comprendidos en este Título, siempre que sean de la misma naturaleza. No se tendrán en cuenta antecedentes cancelados o que debieran serlo.

8.Cuando se utilice a menores de dieciséis años para la comisión del delito.

9. Cuando el culpable o culpables participen en los hechos como miembros de una organización o grupo criminal que se dedicare a la comisión de delitos comprendidos en este Título, siempre que sean de la misma naturaleza.

2. La pena señalada en el apartado anterior se impondrá en su mitad superior cuando concurrieran dos o más de las circunstancias previstas en el mismo.»

    Las mayores diferencias las encontramos en las modificaciones del artículo 235, donde se incluyen las circunstancias que convierten en agravado el tipo penal, ya que de los actuales 5 supuestos se ha pasado a 9, entre los que se añade, por ejemplo, que lo hurtado sean conducciones, cableado, equipos o componentes de infraestructuras de suministro eléctrico, de hidrocarburos o de los servicios de telecomunicaciones, o (un hecho reivindicado por la gente del campo desde hace años), que se trate de productos agrarios o ganaderos, o de los instrumentos o medios que se utilizan para su obtención.

    Destaca también la inclusión de la segunda parte de la circunstancia 6º, cuando el hurto “se produzca aprovechando la producción de un accidente o la existencia de un riesgo o peligro general para la comunidad”.

    También aumenta la edad del menor, si es utilizado para cometer el hurto, de 14 a 16 años.

¿Qué pasa si lo hurtado ahora por el ciudadano tiene un valor superior a 400 euros o, aún siendo menor, encaja en alguna de las circunstancias del artículo 235?

   Pues que se convierte en acusado de delito grave de hurto, y tras la vista correspondiente, podrá ser condenado a una pena de prisión que va de 1 a 3 años.

   Este nuevo catálogo de circunstancias que convierten el hurto en grave está pensado, según la propia Ley, para aumentar la persecución de multirreincidentes, la utilización de menores o robo de cable de cobre o suministro eléctrico.

   La reforma supone un avance en la protección jurídica de las explotaciones agrarias. La propia Ley reconoce que existe un grave problema al tratarse de infracciones cometidas en explotaciones, en las que resulta difícil adoptar medidas de protección, y donde se causa a sus propietarios un perjuicio extraordinariamente elevado, muy superior al que corresponde a la valoración de los productos sustraídos.

   En todo caso, cabe reseñar, que para complementar esta reforma, también se agrava la pena del delito de receptación, que aumenta hasta los 3 años de prisión en los siguientes casos:

a) Cuando se trate de cosas de valor artístico, histórico, cultural o científico.

b) Cuando se trate de cosas de primera necesidad, conducciones, cableado, equipos o componentes de infraestructuras de suministro eléctrico o de servicios de telecomunicaciones, o de otras cosas destinadas a la prestación de servicios de interés general, productos agrarios o ganaderos o de los instrumentos o medios que se utilizan para su obtención.

c) Cuando los hechos revistan especial gravedad, atendiendo al valor de los efectos receptados o a los perjuicios que previsiblemente hubiera causado su sustracción.

ROSA MARTINEZ

La reforma del código penal; Delitos de Atentado, Resistencia y Desobediencia a la autoridad y desórdenes públicos

Avogados_Novos
7 Abril, 2015

VERSIÓN EN PDF

ATENTADO CONTRA LA AUTORIDAD

 

    Los delitos de atentado, resistencia y desobediencia contra la autoridad viene regulados en los articulos 550 al 556 del Código Penal

Artículo 550. 

«1. Son reos de atentado los que agredieren o, con intimidación grave o violencia, opusieren resistencia grave a la autoridad, a sus agentes o funcionarios públicos, o los acometieren, cuando se hallen en el ejercicio de las funciones de sus cargos o con ocasión de ellas.

En todo caso, se considerarán actos de atentado los cometidos contra los funcionarios docentes o sanitarios que se hallen en el ejercicio de las funciones propias de su cargo, o con ocasión de ellas.

  1. Los atentados serán castigados con las penas de prisión de uno a cuatro años y multa de tres a seis meses si el atentado fuera contra autoridad y de prisión de seis meses a tres años en los demás casos.
  2. No obstante lo previsto en el apartado anterior, si la autoridad contra la que se atentare fuera miembro del Gobierno, de los Consejos de Gobierno de las Comunidades Autónomas, del Congreso de los Diputados, del Senado o de las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas, de las Corporaciones locales, del Consejo General del Poder Judicial, Magistrado del Tribunal Constitucional, Juez, Magistrado o miembro del Ministerio Fiscal, se impondrá la pena de prisión de uno a seis años y multa de seis a doce meses.»

Artículo 551.-

«Se impondrán las penas superiores en grado a las respectivamente previstas en el artículo anterior siempre que en el atentado se cometa:  1. Haciendo uso de armas u otros objetos peligrosos.

  1. Cuando el acto de violencia ejecutado resulte potencialmente peligroso para la vida de las personas o pueda causar lesiones graves. En particular, están incluidos los supuestos de lanzamiento de objetos contundentes o líquidos inflamables, el incendio y la utilización de explosivos.
  2. Acometiendo a la autoridad, a su agente o al funcionario público haciendo uso de un vehículo de motor.»
  3. Cuando los hechos se lleven a cabo con ocasión de un motín, plante o incidente colectivo en el interior de un centro penitenciario.» 

Artículo 554

«1. Los hechos descritos en los artículos 550 y 551 serán también castigados con las penas expresadas en ellos cuando se cometieren contra un miembro de las fuerzas armadas que, vistiendo uniforme, estuviera prestando un servicio que le hubiera sido legalmente encomendado.

  1. Las mismas penas se impondrán a quienes acometan, empleen violencia o intimiden a las personas que acudan en auxilio de la autoridad, sus agentes o funcionarios.
  2. También se impondrán las penas de los artículos 550 y 551 a quienes acometan, empleen violencia o intimiden gravemente:
  3. a) A los bomberos o miembros del personal sanitario o equipos de socorro que estuvieran interviniendo con ocasión de un siniestro, calamidad pública o situación de emergencia, con la finalidad de impedirles el ejercicio de sus funciones.
  4. b) Al personal de seguridad privada, debidamente identificado, que desarrolle actividades de seguridad privada en cooperación y bajo el mando de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.» 

Se suprimen los  Artículos 552 y 555.  El artículo 553 no se modifica.

    Una vez vista la expuesta la nueva regulación del delito de atentando contra la autoridad pasamos a hacer un breve análisis jurídico;

   En esta nueva redacción del artículo 550, lo primero que llama la atención es que desaparece el término resistencia activa por;  con intimidación grave o violencia, opusieren resistencia grave a la autoridad. Antes estaba claramente diferenciado la resitencia activa  de la pasiva, pues nos hayariamos ante la primera cuando el autor realize alguna acción violenta y en el segundo caso estariamos hablando de desobediencia civil o no violenta. Sin embargo ahora se incluye también la intimidación, término que genera una inseguridad jurídica nada aconsejable en la jurisdiccón penal, ¿cuando habría intimidación? ¿puede alguien imaginarse a una chica de 27 años y 65 kilos intimidado a un policía de la UIP ( coloquialmente antidisturbios )? 

   En cuanto a los sujetos pasivos del delito, se incluyen(artículo 554), los miembros de los equipos de asistencia y rescate que acuden a prestar auxilio a otro en un accidente o en una calamidad pública, los bomberos, militares y miembros de la seguridad privada cuando estén identificados y actuando bajo el mando de las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado. También se incluye a los ciudadanos que acuden en auxilio de los agentes de la autoridad pues el legislador considera que quien acude en auxilio de una autoridad, agente o funcionario, o asume en determinadas condiciones el desempeño de funciones públicas o de gran relevancia social, debe recibir una protección equivalente a la de aquéllos que intervienen con carácter oficial. 

   También (aunque ya los había incluido la jurisprudencia) pueden ser víctimas de este delito los profesores y a los médicos, pero solo cuando sean funcionarios. Error.  Si eres un contratado laboral, o estas sustituendo a un compañero o si eres un M.I.R entonces ¿ya no puedes ser sujeto pasivo del delito de atentado? ¿Por qué?

   Los delitos de atentado pueden ser cometidos por medio de conductas muy diferentes cuya gravedad puede ser muy desigual. Por esta razón, se opta por modificar las penas con las que se castigan estos delitos reduciendo el límite inferior de la pena que puede ser impuesta. Este artículo englobaría, con sus modificaciones, lo regulado en el artículo 550 y 551 (redacción punto 2, en vigencia desde el 24 de Diciembre del 2.000).

   Se amplían, o se mejor dicho se especifican más, aquellos supuestos de atentado en los que concurren circunstancias de las que deriva su especial reprochabilidad: a la utilización de armas u objetos peligrosos, se añade; lanzamiento de objetos contundentes, líquidos inflamables o corrosivos; acometimiento con un vehículo de motor; y, finalmente, cualquier otra acción que conlleve un peligro para la vida o que pueda causar lesiones graves.

DESOBEDIENCIA Y RESISTENCIA PASIVA 

 

Artículo 556.-

«Serán castigados con la pena de prisión de tres meses a un año o multa de seis a dieciocho meses, los que, sin estar comprendidos en el artículo 550, resistieren o desobedecieren gravemente a la autoridad o sus agentes en el ejercicio de sus funciones, o al personal de seguridad privada, debidamente identificado, que desarrolle actividades de seguridad privada en cooperación y bajo el mando de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.»

2.Los que faltaren al respeto y consideración debida a la autoridad, en el ejercicio de sus funciones, serán castigados con la pena de multa de uno a tres meses.»

   La principal modificación en cuanto a los delitos de desobediencia grave y resistencia pasiva, ahora toda aquella que no este acompañada de violencia o intimidación, es que se incluye como sujeto pasivo al igual que en el delito de atentado a los miembros de las seguridad privada.

   También que con la desaparición de las faltas, el hecho de faltar al respeto a un policía se convierte en delito. 

Desobediencia

Por otro lado hay que destacar que el artículo 36.6 de la ley de seguridad ciudadana indica que:  La desobediencia o la resistencia a la autoridad o a sus agentes en el ejercicio de sus funciones, cuando no sean constitutivas de delito, así como la negativa a identificarse a requerimiento de la autoridad o de sus agentes o la alegación de datos falsos o inexactos en los procesos de identificación. Siendo la pena prevista para estos hechos una multa ente 601 y 30.000€.

   Como ya vimos, la pena para la resistencia o desobediencia pasiva grave, es una multa de 6 a 18 meses, si convertimos esta pena en dinero, tomando como referencia una multa de  5€ día nos saldría, en la vía penal, una pena de entre 900 y 2.700€.

   Por lo que podemos comprobar que es muy plausible que la sanción impuesta a alguien por una desobediencia leve sea superior a la que te impondrían si la desobediencia grave. Esto sin tener en cuenta que, en penal, para calcular la cuantía de la multa, se tienen en cuenta las circunstancias del autor y que la sanción la impone un juez después de un procedimiento con todas las garantías procesales, circunstancias que no suceden en vía administrativa.

   Ya sin entrar en una razonamiento jurídico, de que no puede ser más grave una sanción administrativa que una penal, podemos decir que con estas nueva regulación estamos atacando a la lógica y la coherencia más elemental de cualquier ordenamiento jurídico, cuanto más grave es una acción más dura debe ser su sanción y no al revés

DESÓRDENES PÚBLICOS:

 

Artículo 557

« 1.Quienes actuando en grupo o individualmente pero amparados en él, alteraren la paz pública ejecutando actos de violencia sobre las personas o sobre las cosas, o amenazando a otros con llevarlos a cabo, serán castigados con una pena de seis meses a tres años de prisión. Estas penas serán impuestas sin perjuicio de las que pudieran corresponder a los actos concretos de violencia o de amenazas que se hubieran llevado a cabo.

2.Con las mismas penas se castigará a quienes actuaren sobre el grupo o sus individuos incitándoles a realizar las acciones descritas en el apartado anterior o reforzando su disposición a llevarlas a cabo.»

Artículo 557 Bis: 

«Los hechos descritos en el artículo anterior serán castigados con una pena de uno a seis años de prisión cuando concurra alguna de las circunstancias siguientes:

1.ª Cuando alguno de los partícipes en el delito portare un arma u otro instrumento peligroso, o exhibiere un arma de fuego simulada.

2.ª Cuando el acto de violencia ejecutado resulte potencialmente peligroso para la vida de las personas o pueda causar lesiones graves. En particular, están incluidos los supuestos de lanzamiento de objetos contundentes o líquidos inflamables, el incendio y la utilización de explosivos.

3.ª Cuando los hechos se lleven a cabo en una manifestación o reunión numerosa, o con ocasión de alguna de ellas.

4.ª Cuando se llevaren a cabo actos de pillaje.

5.ª Cuando el autor del hecho se prevaliera de su condición de autoridad, agente de ésta o funcionario público.

6.ª Cuando se lleven a cabo con ocultación del rostro y así se dificulte la identificación de sus autores. Estas penas serán impuestas sin perjuicio de las que pudieran corresponder a los actos concretos de violencia, amenazas o pillaje que se hubieran llevado a cabo.»

Articulo 557 ter 

«1. Los que, actuando en grupo o individualmente pero amparados en él, invadan u ocupen, contra la voluntad de su titular, el domicilio de una persona jurídica pública o privada, un despacho, oficina, establecimiento o local, aunque se encuentre abierto al público, y causen con ello una perturbación relevante de la paz pública y de su actividad normal, serán castigados con una pena de prisión de tres a seis meses o multa de seis a doce meses, salvo que los hechos ya estuvieran castigados con una pena más grave en otro precepto de este Código. 2. Los hechos serán castigados con la pena superior en grado cuando concurran las circunstancias 1.ª, 3.ª, 4.ª o 5.ª del artículo 557 bis.»

Se suprime el supuesto agravado de la anterior redacción, del artículo 557.2 y 558, entendiendo estos comprendidos dentro del tipo del actual artículo 557

Artículo 559.-

«La distribución o difusión pública, a través de cualquier medio, de mensajes o consignas que inciten a la comisión de alguno de los delitos de alteración del orden público del artículo 557 bis del Código Penal, o que sirvan para reforzar la decisión de llevarlos a cabo, será castigado con una pena de multa de tres a doce meses o prisión de tres meses a un año.»

Se suprime la anterior redacción del artículo 559, por la que se castigaba a quien perturbe gravemente el orden público con objeto de impedir a alguna persona el ejercicio de sus derechos cívicos. Esta conducta se incluye en las acciones tipificadas en el artículo 557.

Articulo 561

«Quien afirme falsamente o simule una situación de peligro para la comunidad o la producción de un siniestro a consecuencia del cual es necesario prestar auxilio a otro, y con ello provoque la movilización de los servicios de policía, asistencia o salvamento, será castigado con la pena de prisión de tres meses y un día a un año o multa de tres a dieciocho meses.».

 

   Una vez expuesta la nueva regulación del delito de desórdenes públicos pasemos a analizar las modificaciones más importantes;

   La definición de «alteración del orden público», parte de la referencia del sujeto plural, al igual que lo hacía la anterior redacción, pero se añade “la actuación de una persona individual amparada en grupo” y en cuanto al tipo conductual, se aplica con carácter general para quien ejecute actos de violencia sobre personas o cosas.

   Otro hecho novedoso es la sanción expresa a la conducta de aquéllos que no participan directamente en los actos de violencia, pero incitan a los otros, o refuerzan su disposición a llevarlos a cabo.

   Aqui no encontramos ante la figura penal de la provocación del artículo 18 del Código Penal, el cual distingue entre provocación e inducción, estaríamos en el primer supuesto cuando alguien incita a un tercero a cometer un delito pero este no llega a cometerlo y en el caso de que si lo perpetrara estaríamos ante inducción al delito castigado en el articulo 28 CP. Sin embargo en este caso da igual que se perpetre o no el delito por el ”provocado”, pues en ambos casos se considerara al provocador como autor del delito.

  No vamos a entra en un debate más profundo de cuando estaríamos ante incitación a un delito y cuando esta incitación es lo suficientemente efectiva como para cambiar el ánimo del autor material de los desórdenes, eso lo harán los jueces y su jurisprudencia.

   En los nuevos  artículos 557 bis y ter.- Se tipifican los supuestos agravados y los atenuados. Se consideran supuestos agravados: los de porte de armas, exhibición de armas de fuego simuladas, realización de acciones violentas especialmente peligrosas para la vida o la integridad de las personas,  comisión de actos de pillaje, llevar el rostro tapado… Y como supuesto atenuado la entrada en locales y establecimientos de un modo que altere su normal actividad, cuando no se hubieran llegado a producir actos de violencia o amenazas, conducta que la regulación anterior equiparaba a los desórdenes violentos.

   A través de la nueva redacción se sancioa la incitación a los desórdenes públicos a traves de la difusión de mensajes o consignas, por lo que nos encontramos ante la misma figura jurídica y misma problématica que la regualda en el 557.2 pero en este caso a través de redes sociales o internet, y solo para los desórdenes públicos agravados del articulo 557 bis

   Se revisa la redacción del actual artículo 561 (aviso falso de bomba), para incluir los supuestos de activación mediante noticias falsas de los servicios sanitarios o de emergencia. Se suprime el carácter intencional de la anterior redacción “el que, con ánimo de atentar la paz pública…”. convirtendo el delito en un delito de resultado, es decir solo se cometerá el delito cuando provoque la movilización de la policía, servicios asistenciales…

CONCLUSIONES:

 

    Sin entrar en el complejo debate de si estas figuras delictivas son un arma de represión de la protesta o un medio para regular estas legitimas protestas y sancionar únicamente cuando estas se realicen de manera desproporcionada y usando la violencia. Creo que el principal problema de esta reforma es que genera cierta inseguridad jurídica al no dejar claro cuando estamos ante una resistencia grave o leve, o dicho de otro modo no deja claro cuan dura debe ser nuestra resistencia para ser delito o infracción administrativa y sobretodo deja en evidencia la desproporción de las multas en vía administrativa, que en la mayoría de los casos, serán superiores a las impuestas en vía penal. Lo cual, como ya indique, es un ataque a los principios más básicos de todo ordenamiento jurídico.

AMALIA MARIA PIÑEIRO CARRASCAL

Reforma del código penal; Administración desleal y familia (art 252-260)

Avogados_Novos
31 Marzo, 2015

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INTRODUCCIÓN

 

   La crisis económica entre sus muchas consecuencias ha perjudicado la solvencia en el crédito y parece que la reforma que vamos a tratar viene a cortar ese problema de raíz mediante un endurecimiento de las penas y un aumento significativo de los supuestos punibles en todo lo relativo al patrimonio; no obstante como se intentará explicar ello no parece muy adecuado desde los principios rectores del derecho penal.

   Pero no todo es negativo, también se ha aprovechado para separar conductas en preceptos independientes y definir conductas cuya descripción se hacia necesaria, como es el caso de las conductas de bancarrota.

    Destacar también que en varios artículos de la reforma se propone un agravamiento de las conductas que tengan que ver con un derecho de crédito en favor de la Administración (en concreto la Seguridad Social y Hacienda)

    Este breve análisis de la reforma esta dividido en delitos que a su vez se integran en los capítulos a los que afecta la reforma; se ofrece el texto integro de los preceptos reformados con el comentario de los cambios más relevantes.

Reforma del Capitulo VI: administración desleal y apropiación indebida

 

ADMINISTRACIÓN DESLEAL:

   A modo de resumen las novedades más importantes de la reforma con respecto a la actual regulación de la administración desleal son: ahora se la diferencia de la apropiación indebida, se suprime su modalidad societaria del artículo 295 del Código Penal (en adelante C.P.), se añade una nueva modalidad comisiva basada en la infidelidad o deslealtad y por último la malversación de caudales públicos se convierte en una modalidad de administración desleal. A continuación veremos estas novedades con más detalle y tomaremos como referencia el texto de la reforma:

Se añade una Sección 1 bis al Capítulo VI del Título XIII del Libro II, con la siguiente rubrica: “DE LA ADMINISTRACIÓN DESLEAL”

Se modifica el artículo 252, que se incluye en la Sección 1 bis del Capítulo VI del Título XIII del Libro II, y que tendrá la siguiente redacción:

  1. Serán punibles con las penas del artículo 249 ó, en su caso, con las del artículo 250, los que teniendo facultades para administrar sobre un patrimonio ajeno, emanadas de la ley, encomendadas por la autoridad o asumidas mediante un negocio jurídico, las infrinjan excediéndose en el ejercicio de las mismas y, de esa manera, causen un perjuicio al patrimonio administrado.
  1. Las mismas penas se impondrán a quien quebrante el deber de velar por los intereses patrimoniales ajenos emanado de la ley, encomendado por la autoridad, asumido mediante un negocio jurídico, o derivado de una especial relación de confianza, y con ello cause un perjuicio a aquél cuyos intereses patrimoniales tenía el deber de salvaguardar.

    Hasta ahora la administración desleal consistía en una modalidad de la apropiación indebida tal y como establece la Sentencia del Tribunal Supremo del 28 de abril de 2014: “el art. 252 del vigente Código Penal sanciona dos tipos distintos de apropiación indebida: el clásico de apropiación indebida de cosas muebles ajenas que comete el poseedor legítimo que las incorpora a su patrimonio con ánimo de lucro, o niega haberlas recibido y el de gestión desleal que comete el administrador cuando perjudica patrimonialmente a su principal distrayendo el dinero cuya disposición tiene a su alcance“. A su vez se prevé en el artículo 295 C.P. la modalidad societaria de la administración desleal.

   Pues bien con el Proyecto de Reforma del Código Penal (en adelante PRCP) se van a distinguir las dos figuras por un lado la administración desleal y por otro el delito de apropiación indebida, ¿cómo se va a llevar esto a cabo? el PRCP lleva a cabo la reforma de la siguiente manera: crea en el 252 PRCP un delito genérico de administración desleal y a su vez se deroga el delito societario de administración fraudulenta, de esta manera pierde su condición de delito societario y se configura como un delito estrictamente contra el patrimonio. Por último se suprime la modalidad de distracción recogida en el artículo 295 C.P., modalidad por la que entraba la administración desleal en la apropiación indebida tal y como se parecía en la sentencia citada.

   El hecho de que se distingan ambas figuras es positivo ya que genera seguridad jurídica pero por otro lado con la regulación PRCP la conducta administración desleal se amplía ya que podría cometerse mediante la administración de todo tipo de patrimonios; ¿el motivo? el 252 PRCP no exige en su modalidad básica ni ánimo de lucro ni que se actúe en beneficio propio o ajeno ni tampoco exige que se tenga ánimo fraudulento, tal y como lo hace el actual 295 C.P.; de esta forma el PRCP “aligera” los requisitos para cometer el delito de administración desleal sin que exista ninguna razón desde la óptica del derecho penal que lo justifique.

   Por otro lado aunque el PRCP derogue el actual artículo 295 C.P. en la reforma prevista para el 252 PRCP se va a mantener el tipo de abuso (el administrador realiza operaciones para los que no había sido autorizado) y además se añade el tipo de infidelidad (el administrador infringe el deber de velar por los intereses patrimoniales que gestiona mediante un poder que le permita actuar con plena autonomía, no como mero ejecutor de ordenes).

   Es más el tipo de infidelidad o deslealtad abre la puerta al castigo de administración desleal por omisión, en concreto por la infracción del deber de velar por los intereses del patrimonio que se gestiona; por tanto un gestor podría caer en el tipo delictivo por el simple hecho de no cobrar un crédito, lo cual parece un poco desproporcionado y a su vez nos plantea cuestiones que ahora mismo no tienen respuesta como ¿cualquier tipo de infracción del deber de velar por los intereses patrimoniales que se administran propicia la comisión del delito? ¿Se convierte la gestión de patrimonios con esta reforma en una profesión de riesgo?.

   Dentro de este apartado debemos hacer referencia breve a la reforma sobre la malversación de caudales públicos (cuyo objeto material es siempre el patrimonio adscrito al Estado) pues esta pasa a ser una modalidad de administración desleal ya que como se dijo antes todos los administradores de bienes pueden actuar de forma desleal con los fondos que administran y eso ocurre no sólo con el patrimonio privado sino que ahora con la reforma también ocurre con el patrimonio público.

APROPIACIÓN INDEBIDA

   En el caso de la apropiación indebida, se aprovecha su diferenciación con la administración desleal para simplificar el tipo y distinguir por un lado las conductas de apropiación indebida con apropiación de cosa mueble y quebrantamiento de confianza y por otro lado la apropiación de sin quebrantamiento del deber de custodia. Veamos como queda el texto reformado para pasar a comentarlo después.

Se modifica el artículo 253, que queda redactado del siguiente modo:

1. Serán castigados con las penas del artículo 249 ó, en su caso, del artículo 250, salvo que ya estuvieran castigados con una pena más grave en otro precepto de este Código, los que, en perjuicio de otro, se apropiaren para sí o para un tercero, de una cosa mueble que hubieran recibido en depósito, comisión, o custodia, o que les hubiera sido confiada en virtud de cualquier otro título que produzca la obligación de entregarla o devolverla, o negaren haberla recibido.

2.- Si el hecho, por el escaso valor de los bienes apropiados y la situación económica de la víctima, resultara de escasa gravedad, se impondrá una pena de multa de uno a tres meses.

En ningún caso se considerarán de escasa gravedad los casos en los que el valor de los bienes apropiados fuera superior a 1.000 euros.

Se modifica el artículo 254, que queda redactado como sigue:

1.- Quien, fuera de los supuestos del artículo anterior, se apropiare de una cosa mueble ajena, será castigado con una pena de multa de tres a seis meses. Si se tratara de cosas de valora artístico, histórico, cultural o científico, la pena será de prisión de seis meses a dos años.

2.- Si el hecho, por el escaso valor de los bienes apropiados y la situación económica de la víctima, resultara de escasa gravedad, se impondrá una pena de multa de uno a dos meses.

En ningún caso se considerarán de escasa gravedad los casos en los que el valor de los bienes apropiados fuera superior a 1.000 euros. 

    Debido a la diferenciación entre ambos tipos la apropiación indebida pasa a ocupar con la reforma el artículo 253 PRCP.

   Por otro lado con la reforma desaparece del actual artículo 253 C.P. la exigencia de la cuantía mínima de 400 euros para cometer el delito (pues si no se supera esta cuantía nos encontramos ante una falta, supuesto de menor de gravedad) y se sustituye por la posibilidad de imponer una pena de multa en casos de escasa gravedad (casos en los que perjuicio causado fuese inferior a 1000 euros). Este supuesto de escasa gravedad también se prevé para el artículo 254 PRCP.

   Como ya se ha comentado en el caso de la administración desleal se elimina la modalidad de distracción (la cual se produce cuando el sujeto activo hace suya la cosa que debiera entregar o devolver, con ánimo de incorporarla a su patrimonio), de forma que las conductas de apropiación sin distracción serán castigadas en el 252 PRCP es decir, dentro del articulo previsto para la administración desleal.

   También resulta llamativo con respecto a la actual redacción que la reforma elimine como objeto de material del delito la referencia al dinero en el nuevo 253 PRCP, por lo que puede pensarse que la apropiación indebida se orienta únicamente como un delito contra la propiedad.

   Por último decir que con la reforma en los artículo 253 y 254 PRCP se diferencia la apropiación con quebrantamiento de confianza, prevista en el 253 C.P. y los supuestos de apropiación de cosas muebles sin quebrantamiento del deber de custodia. El primero artículo (254 PRCP) sería el tipo básico y el segundo (255 PRCP) el tipo subsidiario que vendría a cubrir los casos de apropiación de cosa perdida, dueño desconocido o cosa transmitida por error, prevista en la redacción actual del Código Penal y que la reforma obvia.

Reforma del capítulo VII: frustración de la ejecución, alzamiento de bienes, concurso y preconcurso punible.

 

   En este capítulo se van a introducir comportamientos nuevos que hasta ahora eran impunes con el fin de mejorar la seguridad jurídica en el marco de las operaciones mercantiles; el problema es el precio que se paga por dar esas seguridad jurídica, tal y como ser verá a continuación.

ALZAMIENTO DE BIENES Y FRUSTRACIÓN DE LA EJECUCIÓN 

   A modo de resumen decir que con la reforma se diferencia la frustración de los procedimientos de ejecución (se castigan las conductas destinadas impedir el cobro de créditos ejecutivos) y las insolvencias punibles, también se actualiza la redacción de ambos artículos que se viene a comentar a luz del nuevo texto.

Se crea un nuevo capítulo con la rúbrica “FRUSTRACIÓN DE LA EJECUCIÓN”

Se modifica el artículo 257, que queda redactado del siguiente modo:

1.-Será castigado con las penas de prisión de uno a cuatro años y multa de doce a veinticuatro meses: El que se alce con sus bienes en perjuicio de sus acreedores.Quien con el mismo fin:

a) ocultare sus bienes,

b) o realizare cualquier acto de disposición patrimonial o generador de obligaciones que dilate, dificulte o impida la eficacia de un embargo, de una medida cautelar o de un procedimiento ejecutivo o de apremio, judicial, extrajudicial o administrativo, iniciado o de previsible iniciación.

2.-Con la misma pena será castigado quien realizare actos de disposición, contrajere obligaciones que disminuyan su patrimonio, u oculte por cualquier medio elementos de su patrimonio sobre los que la ejecución podría hacerse efectiva, con la finalidad de eludir el pago de responsabilidades civiles derivadas de un delito que hubiere cometido o del que debiera responder.

3.- Lo dispuesto en el presente artículo será de aplicación cualquiera que sea la naturaleza u origen de la obligación o deuda cuya satisfacción o pago se intente eludir, incluidos los derechos económicos de los trabajadores, y con independencia de que el acreedor sea un particular o cualquier persona jurídica, pública o privada.

   No obstante lo anterior, en el caso de que la deuda u obligación que se trate de eludir sea de Derecho público y la acreedora sea una persona jurídico pública, o se trate de obligaciones pecuniarias derivadas de la comisión de un delito contra la Hacienda Pública o la Seguridad Social, la pena a imponer será de prisión de uno a seis años y multa de doce a veinticuatro meses.

4.- Las penas previstas en el presente artículo se impondrán en su mitad superior en los supuestos previstos en los números 5º ó 6º del artículo 250.1.

5.- Este delito será perseguido aun cuando tras su comisión se iniciara un procedimiento concursal.

 Se modifica el artículo 258, que queda redactado del siguiente modo:

1.- Será castigado con una pena de prisión de tres meses a un año o multa de seis a dieciocho meses quien, en un procedimiento de ejecución judicial o administrativo, presente a la autoridad o funcionario encargados de la ejecución una relación de bienes o patrimonio incompleta o mendaz, y con ello dilate, dificulte o impida la satisfacción del acreedor.

La relación de bienes o patrimonio se considerará incompleta cuando el deudor ejecutado utilice o disfrute de bienes de titularidad de terceros y no aporte justificación suficiente del derecho que ampara dicho disfrute y de las condiciones a que está sujeto.

2.- La misma pena se impondrá cuando el deudor, requerido para ello, deje de facilitar la relación de bienes o patrimonio a que se refiere el apartado anterior.

3.- Los delitos a que se refiere este artículo no serán perseguibles si el autor, antes de que la autoridad o funcionario hubieran descubierto el carácter mendaz o incompleto de la declaración presentada, compareciera ante ellos y presentara una declaración de bienes o patrimonio veraz y completa.

Se añade un artículo 258 bis, con la siguiente redacción:

“Serán castigados con una pena de prisión de tres a seis meses o multa de seis a veinticuatro meses, salvo que ya estuvieran castigados con una pena más grave en otro precepto de este Código, quienes hagan uso de bienes embargados por autoridad pública que hubieran constituidos en depósito sin estar autorizados para ello.”

Se añade un artículo 258 ter, con la siguiente redacción:

Cuando de acuerdo con lo establecido en el artículo 31 bis una persona jurídica sea responsable de los delitos comprendidos en este Capítulo, se le impondrán las siguientes penas:

a) Multa de dos a cinco años, si el delito cometido por la persona física tiene prevista una pena de prisión de más de cinco años.

b) Multa de uno a tres años, si el delito cometido por la persona física tiene prevista una pena de prisión de más de dos años no incluida en el inciso anterior.

c) Multa de seis meses a dos años, en el resto de los casos.

Atendidas las reglas establecidas en el artículo 66 bis, los jueces y tribunales podrán asimismo imponer las penas recogidas en las letras b a g del apartado 7 del artículo 33.

   Actualmente la jurisprudencia exige tres elementos para encontrarnos en un caso de alzamiento de bienes, el primero que exista una relación entre un acreedor y un deudo, el segundo que el deudor enajene (bien por debajo de su valor real o gratuitamente) bienes o los oculte (física o jurídicamente) y por último se exige un estado de insolvencia real o aparente por parte de este último; la jurisprudencia exige también un elemento subjetivo: la intención de perjudicar a los acreedores.

   Pues bien, la reforma elimina el requisito de insolvencia del actual precepto 257 C.P. y por tanto el alzamiento básico se integra en el delito de frustración de la ejecución, que pasa a ser el tipo básico de alzamiento de bienes; a su vez se pena la ocultación de bienes en un procedimiento judicial o administrativo ejecutivo así como que se utilice un bien de forma no autorizada por el depositario de bienes embargados por la Autoridad.

   Otro de los requisitos actuales que también cambia con la reforma tiene que ver con el vencimiento del derecho de crédito (recordemos que existe una relación previa entre acreedor y deudor) ya que con la redacción actual es indiferente que el crédito haya vencido o no; pues bien con la reforma es necesario que el crédito haya vencido para que se pueda exigir en el correspondiente procedimiento de ejecución.

   La nueva redacción del artículo 257.1.2 PRCP opta por separar las acciones de típicas de alzar y ocultar, separación que parece superflua pues la jurisprudencia ya consideraba la ocultación como una modalidad de alzamiento de bienes; además en el 257.1.2b) la reforma añade el término medida cautelar, pero entendemos que entonces debería eliminarse el término embargo ya que la jurisprudencia interpreta el embargo como medida cautelar.

   Entonces puede llegarse a la conclusión que con el texto que propone la reforma podríamos cometer el delito cuando realicemos alguna de las conductas de ocultación o acto de disposición patrimonial o generador de obligaciones siempre que nos encontremos en cualquiera de los procedimientos que describe el artículo 257.1 PRCP.

 En consonancia con el agravamiento de la conducta contra el sector público la reforma prevé un subtipo agravado de la conducta típica de alzamiento cuando el delito se cometa contra la Hacienda Pública o la Seguridad Social.

PRECONCURSO Y CONCURSO PUNIBLE

   Quizá donde más ha crecido el ámbito punible del delito sea en el caso del concurso punible o insolvencia ya que con reforma por un lado este delito pasa a convertirse en un delito de peligro (para cometer este tipo de delitos no es necesario que se produzca un perjuicio efectivo), por otro lado se crea el preconcurso punible (259 PRCP) (l); pero no todo es negativo pues se tipifican los tipos de conductas de bancarrota o insolvencia punible hasta la reforma no estaban establecidas pero el problema reside en que en las conductas creadas se establecen una serie de supuestos de “responsabilidad cuasi objetiva” para el sujeto pasivo que hacen saltar todas las alarmas de los principios de proporcionalidad del derecho penal.

   Siguiendo con la tónica general de la reforma en cuanto a los delitos contra el sector público se establecen tipos agravados de la insolvencia cuando las deudas se tengan con la Hacienda Pública o la Seguridad Social.

INSOLVENCIAS PUNIBLES

Se modifica el artículo 259, que tendrá la siguiente redacción:

Será castigado con una pena de uno a cuatro años y multa de ocho a veinticuatro meses quien, encontrándose en una situación de insolvencia actual o inminente, realizare alguna de las siguientes conductas:

Oculte, destruya, cause daños o realice cualquier otra actuación que no se ajuste al deber de diligencia en la gestión de asuntos económicos y que disminuya el valor de elementos patrimoniales que estén incluidos, o que habrían estado incluidos, en la masa del concurso en el momento de su apertura

Realice actos de disposición mediante la entrega o transferencia de dinero u otros activos patrimoniales, o mediante la asunción de deudas, que no guarden proporción con la situación patrimonial del deudor, ni con sus ingresos, y que carezcan de justificación económica o empresarial.

Realice operaciones de venta o prestaciones de servicio por precio inferior a su coste de adquisición o producción, y que en las circunstancias del caso carezcan de justificación económica.

Simule créditos de terceros o reconocimiento de créditos ficticios.

Participe en negocios especulativos, cuando ello carezca de justificación económica y resulte, en las circunstancias del caso y a la vista de la actividad económica desarrollada, contrario al deber de diligencia en la gestión de asuntos económicos.

Incumpla el deber legal de llevar contabilidad, lleve doble contabilidad, o cometa en su llevanza irregularidades que sean relevantes para la comprensión de su situación patrimonial o financiera. También será punible la destrucción o alteración de los libros contables, cuando de este modo se dificulte o impida de forma relevante la comprensiónde su situación patrimonial o financiera.

Oculte, destruya o altere la documentación que el empresario está obligado a conservar antes del transcurso del plazo al que se extiende este deber legal, cuando de este modo se dificulte o imposibilite el examen o valoración de la situación económica real del deudor.

Formule las cuentas anuales o los libros contables de un modo contrario a la normativa reguladora de la contabilidad mercantil, de forma que se dificulte o imposibilite el examen o valoración de la situación económica real del deudor, o incumpla el deber de formular el balance o el inventario dentro de plazo.

Realice cualquier otra conducta activa u omisiva que constituya una infracción grave del deber de diligencia en la gestión de asuntos económicos y a la que sea imputable una disminución del patrimonio del deudor o por medio de la cual se oculte la situación económica real del deudor o su actividad empresarial.

Se impondrá una pena de dos a seis años y multa de ocho a veinticuatro meses a quien, mediante alguna de las conductas a que se refiere el apartado anterior, cause o agrave su situación de insolvencia.

Cuando los hechos se hubieran cometido por imprudencia, se impondrá una pena de prisión de seis meses a dos años ó multa de doce a veinticuatro meses.

Este delito solamente será perseguible cuando el deudor haya dejado de cumplir regularmente sus obligaciones exigibles o haya sido declarado su concurso.

Este delito y los delitos singulares relacionados con él, cometidos por el deudor o persona que haya actuado en su nombre, podrán perseguirse sin esperar a la conclusión del proceso civil y sin perjuicio de la continuación de este. El importe de la responsabilidad civil derivada de dichos delitos deberá incorporarse, en su caso, a la masa

En ningún caso, la calificación de la insolvencia en el proceso civil vinculará a la jurisdicción penal.

Se añade un artículo 259 bis, con el siguiente contenido: “Los hechos a que se refiere el artículo anterior serán castigados con una pena de prisión de dos a seis años y multa de ocho a veinticuatro meses, en el caso de su apartado 1, y de prisión de cuatro a ocho años y multa de doce a treinta y seis meses, en el caso de su apartado 2, cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias:

  1. Cuando se cree el peligro de causar un perjuicio patrimonial relevante para una pluralidad de personas, o de ponerlas en una grave situación económica.
  2. Cuando se causare a alguno de los acreedores un perjuicio económico superior a 600.000 euros.
  3. Cuando al menos la mitad del importe de los créditos concursales tengan como titulares a la Hacienda Pública, sea esta estatal, autonómica, local o foral y a la Seguridad Social.”

Se modifica el artículo 260, que queda redactado como sigue:

  1. Será castigado con la pena de seis meses a tres años de prisión o multa de ocho a veinticuatro meses, el deudor que, encontrándose en una situación de insolvencia actual o inminente, favorezca a alguno de los acreedores realizando un acto de disposición patrimonial o generador de obligaciones destinado a pagar un crédito no exigible o a facilitarle una garantía a la que no tenía derecho, cuando se trate de una operación que carezca de justificación económica o empresarial.
  1. Será castigado con la pena de uno a cuatro años de prisión y multa de 12 a 24 meses el deudor que, una vez admitida a trámite la solicitud de concurso, sin estar autorizado para ello ni judicialmente ni por los administradores concursales, y fuera de los casos permitidos por la ley, realice cualquier acto de disposición patrimonial o generador de obligaciones, destinado a pagar a uno o varios acreedores, privilegiados o no, con posposición del resto.”

   Una de las grandes críticas de la actual regulación sobre el delito de concurso punible es la gran inseguridad jurídica que produce debido a su redacción abierta pero con la reforma aparecen las conductas por las cuales puede cometerse el delito tipo. Estas conductas podrían clasificarse en tres grupos.

   El primero lo conforman los actos contrarios al deber de diligencia (gestiones no diligentes que disminuyen patrimonio, participar en negocios especulativos de forma no diligente, simular contratos…) el segundo grupo lo conforman los actos que carecen de justificación económica (actos de disposición exagerados y que carezcan de justificación económica, prestar servicios o vender a pérdida) y el último grupo integrado por las conductas que suponen el incumplimiento de obligaciones mercantiles (no llevar la contabilidad, llevar una doble, deber de conservar la documentación obligatoria, llevar la contabilidad de forma contraria las normas correspondientes); todas ellas conductas extraídas de los supuestos de concurso culpable regulado por la Ley Concursal.

   Salvo la descripción de las conductas de bancarrota el resto de la reforma es cuanto menos “peligrosa” para el sujeto pasivo.

   Con la inclusión de los incumplimiento mercantiles, se está fiscalizando por la jurisdicción penal (como ya se veía en la administración desleal) el deber de diligencia del empresario, sin concurra el principio de proporcionalidad e ignorando el principio de ultima ratio del derecho penal.

   Quizá la reforma de más calado en el concurso o insolvencia punible tiene que ver con el requisito objetivo de perseguibilidad, pues con la redacción actual la jurisdicción penal no podía intervenir hasta que el sujeto pasivo se declarase en concurso, más concretamente hasta que el auto de admisión del concurso fuese dictado por el juez de lo mercantil; pues bien con la reforma se suprime este requisito de perseguibilidad y se crea el preconcurso punible 259 PRCP cuando en una situación previa al concurso el sujeto pasivo realice alguna de las conductas de bancarrota estará cometiendo el tipo; de esta forma el legislador de la reforma desincentiva a que los empresarios en dificultades económicas soliciten el concurso voluntario yendo en contra del espíritu de la propia Ley Concursal que pretende conservar la actividad profesional del concursado. Todo ello sin que en ningún caso esté justificado de la óptica del derecho penal semejante ampliación del tipo penal.

   De esta forma el delito de preconcurso punible queda configurado como un delito de mera actividad que va a ser castigado tanto en la modalidad dolosa como en su modalidad imprudente.

  Con la legislación actual el delito de concurso se configura como un delito de resultado que castiga que se cause o se agrave un estado de insolvencia presuponiendo la existencia de varios acreedores afectados; de hecho en función del número de acreedores, su condición económica y la cuantía del perjuicio se va modular la pena del infractor.

CONCLUSIONES

 

Después de analizar los artículos llegamos a dos conclusiones:

-El incremento del ámbito punitivo de los delitos reformados vulnera en muchos supuestos el principio de última ratio y el principio de proporcionalidad del código penal, sobre todo en los casos de la administración desleal y las insolvencias punibles.

– El sector público intenta mediante la reforma blindar su derecho de crédito a través de un aumento de los tipos punibles y un más que notable agravamiento de las penas relativas a las conductas para con el crédito público.


XOAN GONZÁLEZ DAFONTE

Comentario sobre Consulta Vinculante Comunidades de propietarios y las tasas

Avogados_Novos
18 Marzo, 2015

   Tras la entrada en vigor del Real Decreto-ley 1/2015, de 27 de febrero, de mecanismo de segunda oportunidad, reducción de carga financiera y otras medidas de orden social, publicado en el Boletín Oficial del Estado de 28 de febrero de 2015, las personas físicas han pasado a estar, en todo caso, exentas del pago de tasas judiciales en cualquier orden e instancia.

   Esta modificación de la Ley 10/2012, de 20 de noviembre, por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, ha vuelto a poner en el punto de mira jurídico a las tasas judiciales, si es que alguna vez habían dejado de estarlo. Las pretensiones de abogados, procuradores, jueces y demás agentes jurídicos (entre los que cabe resaltar a la conocida Brigada Tuitera) se han visto parcialmente satisfechas con esta reforma, aunque todavía se reclama desde diversos sectores la exención de tasas judiciales para las pequeñas y medianas empresas.

   No obstante, esta semana se ha conocido un nuevo efecto de la citada exención de tasas judiciales de las personas físicas. El Consejo General de Colegios de Administradores de Fincas de España (CGCAFE), por medio de su representante, formuló a la Dirección General de Tributos una consulta tributaria en la que inquiría al citado organismo sobre la sujeción de las Comunidades de Propietarios a las tasas judiciales tras la entrada en vigor del RD 1/2015.

   Ha de recordarse que las comunidades de propietarios se clasifican jurídicamente, atendiendo a su naturaleza, como entes sin personalidad jurídica, lo que implica que precisan de la intervención de un tercero en sus operaciones en el tracto jurídico. En este sentido, la Ley 49/1960, de 21 de julio, de Propiedad Horizontal, establece en su artículo 13.1 que el presidente será uno de los órganos de gobierno de la comunidad de propietarios y, en su apartado tercero, que el presidente ostentará legalmente la representación de la comunidad, en juicio y fuera de él, en todos los asuntos que le afecten. Por tanto, el tercero que intervendrá en representación de la comunidad de propietarios, al carecer esta de personalidad jurídica, es su presidente, persona física, que conforme a la reforma de la Ley de Tasas, se encuentra exento del pago de las mismas.

     Pues bien, la Dirección General de Tributos, en su consulta vinculante V0790-15 de 12 de marzo de 2015, dando contestación al planteamiento efectuado por el CGCAFE, ha seguido la línea argumental que indicábamos, resolviendo que las comunidades de propietarios, al carecer de personalidad jurídica propia, estarán exentas del pago de las tasas judiciales en cuanto actúen a través de la Junta Directiva de la Comunidad y, en particular, de su Presidente.

   Esta es una muy buena noticia de cara al derecho fundamental de acceso a la justicia y a la tutela judicial efectiva, recogido en el artículo 24 de la Constitución Española. Falta por ver si las pretensiones de los agentes jurídicos son finalmente escuchadas y, en futuras reformas, las pymes pueden verse beneficiadas también de la exención en el pago de las tasas judiciales.

  Mientras tanto seguiremos esperando la resolución de los muchos recursos de inconstitucionalidad interpuestos ante el Tribunal Constitucional hace ya más de tres años, aunque, si el avance legislativo sigue su curso, parece más factible la exención de las tasas por vía legislativa que por la vía de la declaración de su inconstitucionalidad, en cuyo caso habrá que recordar la frase, tan repetida en este foro, de que la justicia tardía no es, desgraciadamente, justicia.

VALDEMAR ÁLVAREZ