Comunicado Avogados Novos contra los hechos acaecidos en la playa del Tarajal.

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   Desde la Asociación de Avogados Novos consideramos de especial importancia poner en conocimiento de nuestros compañeros, y de la ciudadanía en general, la denuncia presentada ante la Fiscalía General del Estado por diversas ONGs, dedicadas a la defensa de los Derechos Humanos, a raíz de los duros acontecimientos sufridos en la frontera de Ceuta con Marruecos el pasado día 6 de febrero, que se saldó con el fallecimiento en el mar de 15 inmigrantes subsaharianos que intentaban cruzar la frontera entre ambos países. Entendemos que, tras los últimos pronunciamientos oficiales efectuados tanto por el gobierno como por las administraciones públicas implicadas, la declaración de los hechos relatados por testigos presenciales recogida en esta denuncia permite obtener una visión más completa de lo que realmente sucedió.

   Así mismo mostramos nuestra máxima preocupación, en nuestra condición de juristas, por las actuaciones efectuadas por los máximos órganos representativos tanto de la Guardia Civil como del Ministerio de Interior que, lejos de proponer una rigurosa e independiente investigación que permita dilucidar la existencia, o no, de responsabilidades y el modo real en el que se desenvolvieron los hechos en ese aciago día, realizaron una defensa a ultranza y con claro desprecio a la averiguación de la realidad material, sobre la actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado llegando a señalar, expresamente, que la Dirección General de la Guardia Civil se querellaría contra las ONGs que trabajan en la defensa de los derechos de inmigrantes que criticaran la actuación de este cuerpo. Es una realidad conocida por todos que la versión oficial ha variado en diferentes ocasiones hasta la fecha; señalando en un inicio que no se utilizaron pelotas de goma ni botes de humo en el mar (dejando constancia el propio representante de la guardia civil que dicha práctica habría resultado inhumana) para posteriormente reconocer que sí que se utilizó dicho material pero con el único objetivo de marcar una línea imaginaria entre ambas fronteras, lo que se contradice con los testimonios de los inmigrantes supervivientes, todo ello sumado a que las propias Instituciones de la Unión Europea han requerido al gobierno de España diversa información ante los indicios existentes de que se haya producido una grave violación de derechos humanos.

    No podemos olvidar la histórica actuación de la Guardia Civil, desde su creación, en el trato y atención hacia los inmigrantes que han intentado atravesar nuestras fronteras, pero ello, lejos de materializarse en un status de intocabilidad, inmunidad e impunidad exige por el contrario la realización de un análisis mucho más exhaustivo y objetivo sobre la realidad de lo que pasó ese día 6 de febrero para, por un lado, alejar cualquier duda que pueda surgir sobre la actuación de uno de los poderes del Estado y, por otro lado, porque su condición de empleados públicos legitimados para el uso de la fuerza bajo el principio de proporcionalidad y con el cometido principal de preservar los derechos y libertades y garantizar la seguridad ciudadana obliga a ser mucho más exigentes en la investigación; pues la posibilidad de utilizar la fuerza exige una mayor responsabilidad en su uso. Por ello, ninguna actuación previa, por humanitaria y justa que haya sido, podría justificar la innecesariedad de una investigación completa, inmediata e independiente de estos hechos ante la gravedad de los daños producidos y de los derechos infringidos.

    Hemos de señalar con contundencia que ninguna política de fronteras puede justificar la muerte o la producción de lesiones sobre seres humanos. Ninguna política de fronteras puede tampoco permitir apartarse de los mecanismos legales y garantistas inherentes a un Estado de Derecho.

    También hemos de denunciar, toda vez que estos hechos se han producido a la par que las trágicas muertes, los anuncios de cambios legislativos que por vía de urgencia se van a acometer sobre la posibilidad de efectuar una devolución en caliente de los inmigrantes que consigan llegar a nuestras fronteras. Nos parece paradigmático que la noticia del cambio legislativo haya surgido en el mismo momento que diversas ONGs han denunciado que, infringiendo flagrantemente la ley, tanto la Policía Nacional como la Guardia Civil han devuelto a inmigrantes que han llegado hasta nuestro territorio nacional (hechos negados por el gobierno pese a estar documentados en diversos vídeos) lo que infringe los derechos más básicos de estas personas al negárseles la posibilidad de ser asistidos por un letrado que les informe de sus derechos, la posibilidad de recurrir en vía judicial y administrativa contra la actuación policial y, sobre todo, la posibilidad de pedir el reconocimiento de refugiado o asilado político; exponiendo a que el inmigrante pueda sufrir represalias al volver a territorio marroquí que atenten contra su vida y dignidad. Hemos de recordar que la figura comparativa alegada por el gobierno de la devolución en aeropuertos permite a lo extranjeros tener la intervención y asesoramiento de un abogado, solicitar el reconocimiento de asilo político y recurrir contra la actuación administrativa.

    Por último hemos de resaltar nuestra máxima preocupación por todas las medidas que se están aplicando contra el colectivo de inmigrantes que son, clara y flagrantemente vulneradora de sus derechos más básicos; desde la colocación de cuchillas que provocan graves lesiones y riesgo de muerte en lo alto de las valla que separan la frontera cuando está absolutamente prohibido, por poner un ejemplo, colocar cristales, o sistemas análogos, en los muros que delimitan fincas o viviendas por el daño que pueden llegar a provocar hasta la imposibilidad de acudir, ante la falta de recursos económicos, a un sistema de sanidad público del que han sido radicalmente apartados provocando situaciones sangrantes e inhumanas como el no poder tener derecho a un tratamiento que les pueda salvar la vida o mejorar la calidad de la misma.

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